Estudiantes chilenos protestan a un día del envío al Congreso de proyecto de gratuidad

Un día después del envío al Congreso del anhelado proyecto de ley que establece la gratuidad a nivel universitario, miles de estudiantes protestaron en Santiago contra una iniciativa que estiman mantiene las bases del actual sistema educativo y cuyo contenido no dejó satisfecho a nadie.

Sin la autorización para marchar, los estudiantes decidieron protestar este martes en varios puntos de Santiago, concentrados en los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, fuertemente resguardado por las fuerzas especiales de la policía chilena.

En varias escaramuzas, lograron detener por algunos minutos el tránsito en la céntrica avenida Alameda, restablecido al poco rato por la Policía con ayuda de chorros de agua y gas lacrimógeno.

"¡Salimos a las calles nuevamente. ¡La educación chilena no se vende, se defiende!", cantaron grupos de estudiantes en el frontis del palacio de gobierno, un día después de que la presidenta Michelle Bachelet enviara al Congreso el proyecto de ley que establece la gratuidad universal en la educación universitaria cuyo contenido decepcionó tanto a estudiantes como rectores universitarios.

"Seguiremos en la calles. El proyecto que mandó la presidenta es malo y van a pasar muchos años para que los estudiantes estudiemos todos gratis", comentó a la AFP Alejandra, una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile que se manifestaba este martes en las calles de Santiago.

La ley enviada el lunes al congreso por Bachelet consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final de su mandato (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal, sin comprometer un plazo específico.

El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de las matrículas, lejos de la profunda reforma del sistema que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto de Pinochet (1973-1990) a la que aspiraban los estudiantes.

La disconformidad se centra en que el proyecto no asegura los recursos para financiar la gratuidad total, pese a que durante el primer año de gobierno de Bachelet se realizó una reforma tributaria destinada a recaudar un poco más de 3% del PIB para destinarla íntegramente a la educación.

Según cálculos realizados este martes por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para establecer la gratuidad total (sobre un universo de un poco más de un millón de estudiantes) el PIB chileno debería aumentar -sobre lo previsto- en cerca de 1,5%, equivalente a unos 4.000 millones de dólares.

"Queda para la sociedad discutir si es que se necesita o no allegar más recursos para una gratuidad total", dijo Valdés, cerrando las puertas a una nueva reforma impositiva, en medio de una desaceleración de la economía de Chile -que este año volvería a crecer en torno a 2%- arrastrada por la caída del precio internacional del cobre, del que es su principal productor mundial.

El envío al Congreso del proyecto de ley se da una década después de los primeros reclamos de estudiantes en Chile y tras cientos de marchas callejeras, organizadas para exigir "educación pública, gratuita y de calidad", poniendo fin a uno de los sistemas educativos más caros y desiguales del planeta como consecuencia de las políticas implementadas por la dictadura de Pinochet.

Con una matrícula que hoy supera el millón de estudiantes, la gratuidad total fue la gran promesa de campaña de Bachelet, que se había comprometido a llegar al 70% de la matrícula hacia el final de su mandato y al 100% en 2020.

"El proyecto no termina con el negocio de la educación. No cambia sustancialmente lo que hay hasta ahora", dijo el lunes a la AFP, Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

"Desmontar un sistema de mercado es muy difícil hacerlo en un año o en dos años, ya que es un sistema que lleva muchos años, es muy complejo, muy heterogéneo. No estamos escribiendo en un papel en blanco", defendió por su parte la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Hasta este año era imposible estudiar gratis en la universidad en Chile, pero tras una iniciativa temporal al margen de esta ley, se adelantó la implementación de la gratuidad para un poco más de 10% de los estudiantes con menos recursos.

Desde marzo de este año comenzó a regir además una reforma de la educación que estableció que los centros subvencionados por el Estado no pueden obtener ganancias ni pueden seleccionar a los estudiantes que ingresan, eliminando el copago que realizan los padres gradualmente en un periodo de 12 años.

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