Regalos de empresarios a políticos de Madrid, Cataluña y Valencia mientras dos de estas autonomías intentan imponer el euro por receta; falsas prejubilaciones de militantes del PSOE en Andalucía frente al aumento de la edad de jubilación en España; desvío de dinero procedente de comisiones mientras se aprueba una subida generalizada de impuestos; o el pago irregular de minutas a bufetes amigos mientras se suben las tasas judiciales… Los ejemplos de corrupción se acumulan mientras los votantes, resignados, padecen el ajuste.
El comienzo de año dejó una cifra desalentadora, más de 300 políticos están imputados en casos donde se ha producido una desviación irregular en la función pública. Delitos como el cohecho, la malversación de caudales públicos, la evasión fiscal, la prevaricación o el fraude a la administración pública empiezan a sonar en la cabeza de muchos españoles que dudan sobre la contención de nuestros dirigentes a los cantos de sirena del enriquecimiento fácil.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) eleva la corrupción y el fraude hasta el segundo puesto de problemas más importantes, con un merecido 40% de españoles preocupados por sus efectos negativos, en un momento en el que los recortes del Gobierno y las administraciones autonómica y local provocan una brecha insalvable entre políticos y ciudadanos. Sanidad, educación o terrorismo quedan ya muy lejos de esa cifra.
Ya sólo el paro, con un 79%, preocupa más a los españoles que la corrupción. Justo por debajo, se sitúan la mala situación económica con un 35,4% y los políticos con un 29,7%. Enero de 2010 fue el último mes de toda la serie histórica en el que el terrorismo preocupó más que los políticos, que escalaron entonces hasta la tercera posición. No registran un dato inferior al 10% desde abril de 2009. De hecho, el porcentaje de ciudadanos preocupados por la clase política alcanzó el 30,3% y el 29,8% en enero y diciembre y ese dato no baja del 20% desde mayo de 2012.
¿Qué ha hecho reaccionar a los españoles? ¿La corrupción o su combinación con los sucesivos planes de ajuste de José Luis Zapatero y Mariano Rajoy impuestos por Bruselas para recortar el déficit público?Corruptelas y ajustes, mezcla explosiva
Madrid y Cataluña son las dos autonomías que con más claridad capitalizan los recortes. Son las dos comunidades que han impuesto el polémico euro por receta, congelado por ahora por el Constitucional. A eso hay que añadir el ajuste probado en junio de 2012 por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, con un recorte de 1.045 millones para cumplir con el déficit del 1,5% impuesto por el Gobierno. Fijó una bajada de salarios públicos, un aumento o nacimiento de un total de 74 tasas, despidos de interinos y una rebaja de presupuesto en justicia del 20%.
Además, el Ejecutivo madrileño también está inmerso en un proceso de privatización de seis hospitales y 27 centros de salud, con el rechazo de los profesionales sanitarios. Mientras, los ciudadanos observan cómo dos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid fueron contratados como asesores en empresas que se han hecho con el control de hospitales o la elaboración de los análisis sanguíneos. Uno de ellos, Juan José Güemes, dimitió para defenderse de las acusaciones que le vinculan con facilitar concesiones a la empresa Unilabs a cambio del puesto.
En Madrid se concentra también gran parte de la trama Gürtel, que conseguía contratas a cambio de dádivas a políticos locales del PP. Uno de los dos capos de esa trama, aquel que gestionaba presuntamente sobornos y comisiones, era el extesorero del partido Luis Bárcenas, del que ahora se conoce que tuvo hasta 38 millones en cuentas en Suiza.
Uno de los políticos seducidos por esa red es supuestamente Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, actual ministra de Sanidad. Mato, defendida en reiteradas ocasiones por su partido frente a los que la acusan de una connivencia por omisión con Sepúlveda, acometió en 2012 un ajuste de 7.000 millones en su cartera: eliminación del pago de las prótesis ambulatorias, copago farmacéutico, erradicación del turismo sanitario o supresión de la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares desde septiembre.CiU: partido de recortes, partido de sospechas
En Cataluña, el acuerdo de Gobierno entre CiU y ERC prevé un ajuste de 4.000 millones con nueve impuestos nuevos y otras subidas fiscales. Por ejemplo, en ese plan se establece la modificación del impuesto sobre el Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones y la subida de la carga fiscal al transporte por cercanías, entre otras medidas. Esa cifra se suma a los 2.800 millones recortados en sanidad y educación en sueldos y puestos nada más llegar al Ejecutivo en 2011 y a otros casi 1.000 millones por el aumento del precio del transporte, las tasas universitarias o el agua.
¿Y el que hace el ajuste tiene el expediente limpio? La verdad es que no. CiU tiene varios frentes abiertos: se ha probado que Unió (UDC), partido de Antoni Durán i Lleida, se financió de forma irregular hace 12 años con subvenciones de la UE destinadas a parados y la familia del expresidente Jordi Pujol está relacionada con varios casos de fraude: Jordi Pujol Jr. podría disponer de dinero en cuentas en Suiza y Andorra y Oriol Pujol, una de las manos derechas de Artur Mas, estaría al borde de la imputación en el caso de las ITVs, que investiga una supuesta trama para amañar concursos.
¿Sólo CiU sale en la foto de la corrupción en Cataluña? Tampoco. La justicia investiga en estos momentos un presunto caso de espionaje político, por el que partidos como CiU o el PSC podrían haber requerido los servicios de una agencia de detectives conocida como Método 3 para espiar a dirigentes propios y de otras formaciones y, lejos de denunciar posibles delitos, hacerse con material sensible de sus rivales.
Además, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ya investigó con éxito el desvío de fondos públicos a favor de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el conocido caso Palau, por el que Fèlix Millet i Tusell, presidente del patronato de la Fundación, y su otro gran gestor, Jordi Montull, no sólo sustrajeron 3,3 millones de euros, sino que hicieron de intermediarios para canalizar falsos donativos de empresas a las arcas de CDC a cambio de obra pública. (Sigue...)1 | 2 | 3 | SIGUIENTE>>
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