Otras tres comunidades se encuentran en esa lista negra de territorios donde el ajuste parece drenar el agujero abierto en las cuentas públicas gestionadas por partidos o políticos inmersos en casos de corrupción: Andalucía, Baleares y Valencia. El caso de los ERE falsos implica, entre 2001 y 2008, al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía dirigido por Manuel Chaves. En ese periodo se concedieron prejubilaciones irregulares a 72 personas, entre ellas decenas de militantes del PSOE y algunos del PP.
Ambos partidos, ya con Chaves en la vicepresidencia del Gobierno de Zapatero, negociaron el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, un decreto ley que fue aprobado por el Congreso en julio de 2011 y que ha entrado en vigor en 2013. Algún ciudadano, de esos que responden a la encuesta del CIS, podría preguntarse cómo algunos políticos se prejubilan de forma irregular y después esas mismas formaciones pactan estirar la jubilación por culpa de la crisis.
El sucesor de Chaves, José Antonio Griñán (PSOE), aumentó un punto la tarifa autonómica para las rentas entre 60.000 y 120.000 euros, duplicó el Impuesto de Patrimonio y la tasa asociada a la venta de hidrocarburos, eliminó los complementos de la extra de los funcionarios, redujo jornada y salario a los interinos, paralizó obras públicas, disminuyó el gasto farmacéutico y recortó el presupuesto en 619 millones en 2012.
De la época del Gobierno de Zapatero también es el 'caso Campeón', que investiga la concesión de subvenciones a cambio de comisiones. Entre los imputados se encuentra Jorge Dorribo, un empresario que acusó al exministro de Fomento José Blanco de cobrar 200.000 euros a través de su primo para agilizar los permisos del Ministerio de Sanidad a su empresa farmacéutica. Además, Blanco pudo influir para que su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, obtuviera la licencia para construir una nave industrial en una terrenos junto al aeropuerto El Prat. El Supremo acaba de cerrar la investigación del dirigente socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.Baleares: Jaume Matas y su sí incondicional a Iñaki Urdangarin
En las islas Baleares el escenario no es muy distinto. Los dos nombres clave son Jaume Matas, expresidente balear, e Iñaki Urdangarin, duque de Palma. El caso 'Palma Arena' investiga la comisión de delitos como el cohecho, la falsedad documental y malversación de caudales públicos. Matas pudo enriquecerse con dinero público, haber cobrado comisiones, haber hecho adjudicaciones a dedo… y en ese escenario, Urdangarin habría facturado informes irregulares al Gobierno balear aprovechándose de su condición de esposo de la Infanta Cristina, sin que nadie preguntara qué pagaban realmente. Además, al yerno del Rey también se le investiga por posibles delitos contra la Haciencia por no declarar parte de sus ingresos.
A Matas le sustituyó el Gobierno multipartito de Francesc Antich, cuyo mandato estuvo protagonizado por los casos de corrupcion de varios miembros de su socio de gobierno Unió Mallorquina. Malversación de fondos públicos, cohecho, prevaricación… cambió el Ejecutivo, pero no los hábitos de gestión de las arcas de la administración. Tras Antich regresó el PP al poder. Fue José Ramón Bauzá quien aplicó el ajuste: congeló la renovación de interinos y personal temporal (400 en la educación pública), recortó las becas de comedor y transporte escolar, suprimió programas de atención a la diversidad, ajustó 200 millones en la sanidad pública y suprimió los descuentos en el transporte.Valencia: Gürtel, contratos irregulares y ajustes
Si Madrid, Cataluña y Baleares han sufrido recortes, la Comunidad Valenciana ha padecido un verdadero tsunami de ajustes. Desde que Alberto Fabra llegara al cargo de presidente valenciano en julio de 2011, sólo ha podido poner en práctica una hoja de ruta absolutamente austera: a finales de ese año anunció un plan para ahorrar 1.000 millones de euros, acosado por los vencimientos de deuda y los préstamos solicitados a entidades financieras y el propio Gobierno para acometer su pago.
Valencia fue la primera autonomía en acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, primero pidió 3.500 millones y después otros 4.500. Para cumplir con el déficit marcado desde Hacienda, recortó el número de empresas públicas de 76 a 30, con el despido previsto de 5.000 trabajadores públicos, ha reducido un 30% los altos cargos y asesores, ha instado a que los vuelos se hagan en líneas de bajo coste, comidas de 20 euros para los altos cargos de la administración o la reducción del 50% del gasto de móvil. Todo ese esfuerzo no sirvió para cumplir con el déficit del 1,5% del PIB impuesto por el Gobierno de Rajoy y Fabra ya ha anunciado nuevos recortes para 2013.
Una vez más, los recortes llegan después de años en los que un Ejecutivo, en este caso el valenciano, ha estado envuelto en casos de corrupción o gasto excesivo del dinero público. La trama Gürtel o los contratos firmados con el Instituto Nóos e Iñaki Urdangarin son dos ejemplos: aunque Francisco Camps, expresidente autonómico, fue absuelto de delito de cohecho impropio por recibir regalos de la empresa Orange Market (Gürtel), dirigida por el famoso ElBigotes, las conversaciones captadas entre ellos probaron la relación íntima entre ellos y la aceptación de los regalos, aunque un tribunal popular entendiera que se hicieron sólo por amistad.En el caso Urdangarin, el juez José Castro ya está dando los pasos necesarios para la imputación del propio Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Su imputación, posiblemente, derivaría una pieza separada del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al ser ambos aforados. Según el magistrado, existen indicios suficientes para adoptar la medida por los cuatro contratos facilitados a Urdangarin sin concurso público entre 2004 y 2006. El coste: 695.403 euros. (Sigue...)<< ANTERIOR | 1 | 2 | 3 | SIGUIENTE>>
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