El Gobierno pone en marcha el 'portal de transparencia' con retrasos y limitaciones

El Gobierno y la administracón se 'desnudan' hoy ante los ciudadanos en un ejercicio de transparencia largamente anunciado, y que llega con retrasos y limitaciones. ElPortal de Transparencia de la Administración General del Estado, queha comenzado a funcionar este mediodía(transparencia.gob.es), forma parte delas medidas anunciadas por el Gobierno desde su llegada a Moncloa. El portal entra en vigor un año después de la publicación de la ley en el BOE, y casi tres años después de haber sido anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

En total, en ese portal se podrá acceder a medio millón de informaciones referidas al presente ejercicio, así como solicitar datos históricos referidos a los recogidos en la Ley de Transparencia. La puesta en marcha de este portal ha costado 300.000 euros y también horas de trabajo, de los empleados de la Administración y también de empresas subcontratadas.

En la página, el ciudadano podrá encontrar 530.000 registros accesibles de información referida a 2014, como por ejemplo retribuciones, contratos o currículos, así como otras 30.000 informaciones que se incorporarán en estos días. Son 50 gigas de documentación.

Además, la web recoge alguna información referida a 2013 si esta tiene que ver con ejercicios completos, como por ejemplo en el caso de los salarios, así como cualquier información que esté en los registros de la Administración Pública. "El ciudadano podrá solicitar datos históricos con la condición de que la información no tenga que elaborarse", afirmaron las mismas fuentes.Convenios y subvenciones

El Portal de la Transparencia unificará a través de un buscador la base de datos que ya existía en el caso de los contratos públicos e incorporará los convenios y las subvenciones firmados sobre los que no se publicaba ningún tipo de información.

"La web concentra mucha información que estaba desperdigada e incorpora mucha nueva información", apuntan desde el Gobierno, para señalar que el portal está concebido para que el ciudadano pueda encontrar información a través de un buscador o bien a partir de tres ítems: institucional, normativa y económica.

Subvenciones y convenios aparecerán recogidas en la pestaña 'Económica' en la que la web recogerá también la contratación, encomiendas, las subvenciones a partidos políticos, los presupuestos por ministerios, las cuentas anuales e informes de auditoría, los informes de fiscalización, los bienes inmuebles, información estadística interesante para los ministerios.

El portal incorpora el listado de bienes inmuebles de la Administración General del Estado con las direcciones, así como información sobre los solares que son del Estado.Compatibilidades

Además, recogerá la resolución de autorización o reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, así como un apartado específico de los altos cargos, que recoge las retribuciones, indemnizaciones por abandono del cargo y autorizaciones actividad gravada.

Con acuerdo a la Ley de Transparencia, se publicará el patrimonio no sólo del presidente, vicepresidente, ministros y secretario de Estado, como se hacía con la ley de conflicto de intereses de 2006, sino también del resto de altos cargos nombrados por el Consejo de Ministros, incluidos los embajadores.

El apartado 'Institucional' recoge la estructura de los ministerios, la normativa destacada de cada uno de ellos, hasta el rango de subdirector general, las funciones de cargo público, los currículos, así como los planes objetivos. La pestaña que recoge la 'Normativa' ofrece información sobre la normativa en elaboración, la que se está tramitando en el Gobierno o desde el Gobierno, la normativa en vigor, así como otras disposiciones o normas de rango inferior que pueden tener interés por la interpretación del derecho.

Por primera vez se recogerán los anteproyectos de ley, una vez que el Gobierno los envíe a los órganos consultivos, así como los dictámenes de estos órganos y la memoria posterior de la ley. Podrá, por tanto, compararse los cambios entre el anteproyecto y el proyecto de ley.

El Portal de la Transparencia permite, además, al ciudadano plantear preguntas sobre información que no aparezca recogida en la web a la que la Administración tendrá que dar respuesta en 30 días hábiles. Si no, el ciudadano podrá recurrir al Consejo de la Transparencia e incluso podría ir a los tribunales de Justicia.

El informe elaborado por el Senado de EEUU sobre las torturas que durante años practicó la CIA a sospechosos de terrorismo y que ha desvelado el engaño sistemático a las autoridades del Gobierno sobre los métodos empleados sacudió ayer los cimientos de la Casa Blanca y ha provocado una ola de conmoción en todo el mundo.

El informe, que va más allá de los límites de información acostumbrados, se conoce precisamente cuando nuestro país exhibe por primera vez cientos de miles de datos en su portal de Transparencia. Datos, en total medio millón, relativos a convenios, subvenciones, sueldos, finiquitos, curriculums o contratos, entre otros.

Sin embargo, otros muchos datos no estarán accesibles, por razones, según el Gobierno, bien de confidencialidad o de seguridad, por ejemplo, en cuestiones relativas al CNI. ¿Cuáles son los límites de acceso a la información?La información no se desclasifica

Pese a que aún es pronto para valorar el funcionamiento del nuevo portal, existen de entrada ciertas carencias y aspectos mejorables. El primero empieza por el desarrollo de la propia Ley de Transparencia. Aprobada en noviembre del año pasado en el Congreso-con los votos de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai)- fue una de las promesas de legislatura del Gobierno, en 2011. Junto con este retraso en la aprobación, las organizaciones por la transparencia lamentan además que la implementación de la ley no es pública. "Llegamos a mandar una carta a finales de agosto al secretario de Estado para que nos proporcionase información sobre el desarrollo, pero a día de hoy seguimos sin tener datos. Y esto es fundamental analizarlo bien. Pero, al no tener aún disponible ese reglamento, no sabemos si las obligaciones que se establecen en la ley se han cumplido efectivamente".Un Consejo de la Transparencia dependiente de Hacienda

Otro de los problemas de entrada está en el Consejo de la Transparencia. Un órgano, previsto por ley, para velar por el cumplimiento de lo recogido en ella, y que todavía no se ha creado. "Que este organismo no haya estado presente en la implementación de la ley resulta difícil de entender", dice Anderica.

La composición de este órgano supervisor, adscrito al ministerio de Hacienda, es motivo de disputa política. En ese Consejo habrá cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría General de Administraciones Públicas y una autoridad fiscal. Pero, además, un puesto está reservado para un diputado y otro para un senador. Los socialistas han propuesto que la elección se haga por sorteo o de forma rotatoria, algo que los populares han rechazado. Según el calendario previsto, el Consejo de Ministros anunciará este viernes su composición, que deberá ser sometida a aprobación del Congreso.Las solicitudes de información no son anónimas

Otro de los motivos que disgusta a los defensores de la transparencia es el hecho de que, para cursar una solicitud de información, sea necesario identificarse. Junto con los datos hechos públicos hoy, los ciudadanos podrán requerir aquellos en los que estén interesados y, para ello, es necesario proporcionar identificarse mediante DNI electrónico o bien obtener claves también personales y que requieren identificación.

El requisito contradice por ejemplo al protocolo del propio Consejo General del Poder Judicial que dispone de un portal de Transparencia propio desde el pasado 2 de julio. Ayer, el máximo órgano de los jueces anunciaba que prescindirá de la exigencia de identificación del solicitante que contempla la ley y aplicará el estándar internacionalmente fijado sobre la innecesariedad de esos datos, al entender que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de carácter universal, en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso.

Entre los datos del CGPJ disponibles en la web figuran todos los relacionados con su gestión presupuestaria, actividad contractual, administración de bienes inmuebles, retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos y del personal, actividad institucional y política de subvenciones públicas.

"Eso es algo muy significativo, porque el reconocimiento de ese derecho hace que cambien muchas cosas de cara al alcance de la ley", explica Anderica. "Defendemos que el concepto de información pública entiende que las solicitudes deben ser anónimas desde el momento en que la información es pública por naturaleza, no se tendría que motivar ninguna petición ni tampoco dar ninguna información de identificación". Anderica recuerda que ello puede frustrar muchas peticiones, ya que mucha gente se resiste todavía a proporcionar datos personales por considerar que la Red presenta riesgos de seguridad.

El Gobierno anunció que la información podría reclamarse por cualquier medio. En cambio, no existe en el portal ningún teléfono o dirección postal o de correo electrónico.Con España, sólo Chipre y Luxemburgo carecían de una Ley de Transparencia

Largamente reclamada desde las organizaciones, la transparencia se ha vuelto una exigencia imprescindible para los ciudadanos, tras los últimos escándalos de corrupción.¿Llega tarde? Anderica responde de modo afirmativo. "En Europa sólo quedan Chipre y Luxemburgo sin una ley de estas características", justifica. "Llega tarde y mal y podría haber sido una ley mucho más ambiciosa porque hoy en día la Administración es sólo una parte del Estado".

Cada año, Access Info Europe elabora su ranking mundial de acceso a la información, el Global Right to Information Rating, en el que se analizan las leyes de transparencia en todo el mundo y en el que España ocupa el puesto 64. Para elaborar esta clasificación se toman en consideración una serie de ítems, cuya puntuación máxima es 150 puntos, La clasificación está sorprendentemente liderada por Serbia, con 135 y a la cola, con 37, se sitúa Austria. Eslovenia, India, Liberia, El Salvador o Sierra Leona son otros de los países mejor clasificados por Access Info.

¿Cómo es posible que Sierra Leona sea más transparente que España? ¿Qué entendemos entonces por transparencia? "El concepto de transparencia es muy difícil de medir", reconoce Anderica. "Al final, la ley de transparencia lo que define es la apuesta que hace cada Gobierno por crear un sistema que asegure una protección del acceso a la información. Sobre todo, que se proteja el derecho de solicitar información". No obstante, matiza, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica.

"Hay países, como Sierra Leona, que tiene muy buenas leyes pero una mala implementación. Otros, en cambio, como Serbia, que funciona bien en los dos casos. Tienen muy buenas leyes y han desarrollado muy buenas implementaciones, y buscan un reconocimiento del derecho de acceso a la información velado por un organismo que es independiente". En España, recuerda, el Consejo de la Transparencia está adscrito al ministerio de Hacienda.

No obstante, muchas veces esa aparente "transparencia" se queda sólo en el papel. "Está claro que la información más delicada, como la que nos va a servir para destapar un caso de corrupción, no va a estar ahí publicada. Por eso es tan importante el derecho a solicitar información. Que lo que no quiere publicar el Gobierno se lo pueda pedir, y me lo tiene que dar".

Reino Unido, por ejemplo, es el país de nuestro con una mayor tradición en transparencia. "Y no sólo en eso, sino en rendición de cuentas, que no sólo tiene que ver con dar información sino con asumir responsabilidades", remarca Anderica.

En el Portal de Transparencia, por ejemplo, no se publicará la información relativa a las entradas y salidas al Congreso o a La Moncloa. Esto es, un dato fundamental para saber con quién se reúne cada ministro y por tanto, inferir si ello puede derivar en decisiones políticas.
"Al final, la finalidad absoluta es entender que las decisiones públicas persiguen un interés público, un interés general. Saber con quién se han reunido y el contenido de esas reuniones es la suma de muchas decisiones".