La Audiencia Provincial expulsa a la Comunidad de Madrid del 'caso Coslada'

La Audiencia Provincial ha ordenado que la Comunidad de Madrid deje de ser parte del caso Coslada. En respuesta a un recurso presentado por dos policías locales acusados, la Sección Cuarta señala que "no procede la personación como acusación particular", por no constar que sea víctima, y que tampoco corresponde como acusación popular por "falta de legitimación".El tribunal considera que el razonamiento esgrimido por la Comunidad para estar personada en el proceso es insuficiente. El Gobierno regional, reza el auto de la Audiencia, "se considera perjudicado porque alguno de los agentes imputados pertenece a la Bescam", agrupación de cuerpos policiales municipales coordinados por el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, continúa la Sección Cuarta, "con tan parca argumentación, no se constata que la Comunidad de Madrid ostente la consideración de víctima o perjudicado", requisito necesario para ser acusación particular.La Audiencia Provincial tampoco permite la personación de la Comunidad como acusación popular al entender, entre otras razones, que ese papel ya lo hace el Ministerio Fiscal. "El acusado debería defenderse frente a dos entidades públicas, que no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares", argumenta el tribunal, que añade que un uso generalizado de esta acción popular podría llegar a generar "una acusación pública alternativa".La Sección Cuarta argumenta también que no hay una ley que regule de forma explícita que las instituciones pueden personarse. Es cierto, admite la Audiencia, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no excluye expresamente a las entidades públicas, pero también lo es (y esto es lo determinante) que no se recoge norma alguna que legitime específicamente a tales entidades".Tras esta resolución, los recurrentes ya han solicitado que –por "coherencia jurídica"– también sea expulsado del proceso el Ayuntamiento de Coslada, pues entienden que rigen los mismos criterios e idéntica jurisprudencia que en el caso de la Comunidad de Madrid.En el mismo auto, la Sección Cuarta del alto tribunal también critica al Juzgado número 21 de Madrid, que instruye la causa, por no pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por los mismos policías. Según la Audiencia, a éstos "les asiste la razón" cuando argumentan que se está "vulnerando su tutela judicial efectiva", pues "ninguna respuesta adecuada se ha dado por la instructora a la extensa y fundamentada petición de sobreseimiento realizada" por los recurrentes."Mantener sine die la 'incriminación formal' pese a la petición expresa de sobreseimiento (…) incide en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y prolonga injustificadamente una situación en la que el recurrente como policía imputado en un procedimiento penal puede ver mermados sus derechos laborales (traslados, ascensos, etc.)", sostiene el auto.Esta ausencia de pronunciamiento por parte del Juzgado número 21, argumenta la resolución, impide a la Audiencia Provincial "ejercer la facultad de revisión (…) que tiene encomendada". Por ello, ordena "devolver las actuaciones al juzgado para que, con libertad de criterio, proceda a dar respuesta a la petición de sobreseimiento" realizada por los agentes.La Audiencia da la razón a los citados policías y descafeína aún más un proceso que lleva ya más de cinco años de instrucción y que ha ido desvaneciéndose conforme avanzaba la investigación. No en vano, de los 24 policías que fueron imputados al comienzo de las investigaciones, 11 ya han sido exculpados y sus casos sobreseídos. Otros cuatro agentes podrían correr la misma suerte en las próximas semanas si prosperan sus recursos.Asimismo, el juez ya dio carpetazo a las acusaciones por blanqueo de capitales y asociación ilícita –las más graves– que en un principio se imputaron al exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, al que sae sigue acusando por el momento de extorsión y tenencia ilícita de armas.Tan suavizado ha quedado el caso Coslada que incluso algunos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que comenzaron las pesquisas han sido investigados por amenazas dentro del mismo procedimiento y otros han visto cómo disminuían sus responsabilidades dentro de la corporación.

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