La política de dispersión, un arma del Estado contra ETA que sigue cuestionándose

70 excarcelados, una larga mesa y un solo cartel: 'Euskal preso eta iheslariak, etxera' ('Los presos y exiliados vascos, a casa'). Ese era el mensaje principal que los exreclusos de ETA y sus simpatizantes quisieron transmitir en la histórica 'foto de familia' que se tomaron este sábado en Durango. El lema es la síntesis de lo que la banda terrorista y el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) han venido reclamando desde que aplicasen las primeras políticas de dispersión: que los reclusos cumpliesen condena "en casa", es decir, en el País Vasco y Navarra.

La política penitenciaria aplicada por el Gobierno español y, por extensión, por el francés, ha sido una reivindicación constante del colectivo de presos y de sus familias desde que comenzasen las encarcelaciones. Una reivindicación que, con el paso de los años y el debilitamiento de la banda, se ha convertido en 'leit motif' de las concentraciones y manifiestos del colectivo de presos y de organizaciones como Etxerat o Herrira; además de la propia izquierda abertzale, que desde que cesaran los asesinatos ha reclamado el fin de la dispersión con más intensidad. Se trata de una demanda prioritaria para reclusos y excarcelados, como se ha podido comprobar en los últimos actos públicos de este entorno tras la derogación de la 'Doctrina Parot'.

Por norma general, los presos españoles deben cumplir condena lo más cerca posible de su lugar de residencia, algo que no se cumple en los casos de terrorismo. La razón por la que se aplicaron estas "medidas de excepción" fue la intención de debilitar a la banda a finales de los 80, cuando los terroristas de la línea más dura se trasladaron a cárceles del sur de España. Desde entonces, la política de dispersión de los presos se ha mantenido, teniendo en cuenta los vaivenes de las treguas y el aceleramiento de los procesos de reinserción y concesión de beneficios que se inició con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con el cese de la actividad armada de la banda en 2011, el propio Gobierno vasco, liderado por el socialista Patxi López, sugirió que se podría flexibilizar la política penitenciaria, algo que también ha propuesto recientemente Iñigo Urkullu y otros miembros del PNV, que ven la ampliación de beneficios penitenciarios como una vía para que ETA entregue las armas de forma definitiva.Pero el Gobierno Rajoy no parece tener la intención de realizar ningún cambio si no se encuadra dentro de la 'vía Nanclares', es decir, del arrepentimiento y el reconocimiento del daño causado.

Sólo siete de los 395 presos de ETA permanecen en cárceles vascas: uno en Basauri (Vizcaya), dos en Pamplona, tres en Martutene (Gipúzcoa) y uno en Zaballa (Álava). Es el recuento de las organizaciones de apoyo al colectivo, que apartan de la lista de "presos políticos" a los exterroristas acogidos a la 'vía Nanclares' y que la línea más dura considera "traidores" a la causa. Aquellos reclusos que optan por pedir perdón a las víctimas y trabajar por su reinserción obtienen una serie de beneficios penitenciarios cuya máxima expresión es el traslado a la prisión de Nanclares de Oca, en Álava, donde actualmente hay en torno a una decena de exetarras que optaron por reconocer el dolor causado a las víctimas, algo que, curiosamente, ya hizo el EPPK hace unos días en su comunicado, aunque en todo caso de forma más ambigua.¿Vulnera los derechos humanos?

Las organizaciones de apoyo a los presos consideran que la política de dispersión vulnera los derechos humanos de los reos y sigue "criterios de política general" ajenos a la legalidad."La vulneración de derechos humanos ha sido una constante durante los últimos años", destaca Etxerat en un extenso informe sobre la dispersión.

En ese estudio, la organización culpa a la dispersión de "anular al preso, desvincularlo de su ideología y adscripción colectiva [...] o terminar con él", para lo que menciona a más de una veintena de etarras que se suicidaron o murieron por enfermedad en las cárceles españolas alejadas del País Vasco y Navarra.

Etxerat también incide en el sufrimiento de las familias de los condenados que, según sus cálculos, recorren una media de 63.599 km al año y desembolsan más de 19.000 euros durante ese período en concepto de visitas a las cárceles. Más de 200 accidentes y 16 fallecimientos en carretera completan el recuento de la organización, que califica de "dramático" el balance global de la dispersión.