La directora provincial del servicio de empleo, Esther Azancot, ha señalado que la empresa Unipost tenía el contrato de reparto de correo a nivel nacional hasta principios de este año. "En diciembre del año pasado se detectó la posibilidad de que un trabajador de esa empresa estuviera realizando una mala praxis con los acuses de recibo de las notificaciones de cartas de presentación por correo certificado".
Por ello, asegura que, con fecha 7 de diciembre, la empresa procedió a su despido justificado debido a la gravedad de las acciones realizadas. Paralelamente realizó denuncia contra él por falsedad documental.
Azancot ha señalado asimismo que la actuación policial llevó a la detención del trabajador, a la verificación de los hechos denunciados y a trámite judicial. "Para que los afectados por esta situación no tuvieran que esperar a resoluciones judiciales, desde el SEPE se procedió a estimar las reclamaciones que son de afectados por la actuación de este trabajador, que conlleva denuncia policial y al reconocimiento de la empresa Unipost de que esa notificación pertenece a las realizadas por dicho trabajador".
Estas estimaciones se están realizando desde el día 10 de febrero y se han hecho ya 24 resoluciones estimatorias, ha explicado la directora provincial.
Por todo ello, Azancot ha querido dejar claro que el procedimiento de notificación está claramente establecido, "por lo que, una vez, la empresa de reparto nos remite los acuses de recibo debidamente rellenados, con indicación expresa de los dos avisos de notificación, es entonces cuando se inicia el procedimiento obligatorio de propuesta de sanción".
Además, ha añadido, "cuando la empresa de reparto, ya sea Unipost anteriormente o Correos ahora, reconoce algún error en el procedimiento que ha usado para la información a algún ciudadano que ha reclamado, emite un certificado que el ciudadano presenta en nuestras oficinas y procedemos a la estimación de la reclamación del demandante".
Por último, ha asegurado que "lo que esta Dirección Provincial no puede admitir es que "se apunten al carro" de ese fraude ciudadanos que por motivos no achacables al procedimiento de notificación quieran que se les estimen las alegaciones sin motivos justificados".
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