Zimbabue estudia cómo engañar a la UE para saltarse sus sanciones

Tras más de una década de sanciones de la Unión Europea al régimen de Robert Mugabe en Zimbabue, el Gobierno de Harare está preparando una nueva estrategia para conseguir que las levanten.

Mugabe, de 88 años y en el poder desde hace 32, ha sido noticia recientemente por algunas informaciones que aseguraban que estaba agonizando en Singapur. Ahora que ha regresado a Harare en aparente buen estado de salud la campaña para poner fin a las medidas de la UE es uno de los muchos temas que tiene en su agenda.

A primera vista las sanciones de la UE parecen menores: la prohibición de entrada a Mugabe y unos 100 miembros de su círculo de poder y la congelación de sus cuentas y bienes en Europa.

Las sanciones de la UE se dirigen específicamente contra Mugabe y su círculo próximo, pero tienen implicaciones más amplias, ya que han servido para convencer a los estados europeos a dejar de invertir en proyectos de ayuda al desarrollo en Zimbabue.

El Banco Mundial, el FMI y EEUU también han paralizado su ayuda. Mugabe y su partido, Zanu-PF, quiere reanudar esa ayuda internacional, para pagar proyectos de desarrollo populares entre la población. También quiere poder alardear en la próxima campaña electoral que ganó un pulso a las potencias colonialistas europeas, convenciéndolas de que levantasen las sanciones.

La UE ya ha levantado la prohibición de entrada al ministro de Justicia, Patrick Chinamasa, y al ministro de Asuntos Exteriores, Simbarashe Mumbengegwi, para que puedan acudir a reuniones con las autoridades en Bruselas. Ambos pretenden presentar a finales de mes en Bruselas una petición para que se levanten las sanciones, según algunas informaciones locales.

El documento se está preparando desde el año pasado en el Ministerio de Medios de Zimbabue. Tiene 2,5 millones de firmas y está siendo escaneado para ser enviado a Europa, pero todavía está abierto a nuevas incorporaciones, según el Zanu-PF.

Las sanciones se remontan a 2002, cuando el jefe de la misión de observadores electorales de la UE, Pierre Schori, declaró que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas. Mugabe lo expulsó del país, y la UE a continuación aprobó las sanciones.

Desde entonces Mugabe presenta estas medidas como una venganza de los británicos por su confiscación de granjas propiedad de blancos. La UE insiste en que las medidas son consecuencia de la violencia política de Mugabe, los abusos de derechos humanos y la manipulación electoral.

Mugabe suele culpar frecuentemente y en voz alta a las sanciones de los problemas económicos de Zimbabue, incluyendo el alto desempleo, que se calcula en más del 80 por ciento.

Ahora parece que la UE está aflojando su postura. A principios de año la jefa de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, dijo que el Gobierno compartido de Zimbabue, en el que Mugabe gobierna con el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, como primer ministro, ha producido algunas mejoras al país.

El fiscal general de Zimbabue, Johannes Tomama, partidario de Mugabe, declaró además recientemente que está preparando la demanda judicial para lograr que el Tribunal Europeo de Justicia levante las sanciones.

Pero mientras el Gobierno de Zimbabue sostiene ante la UE que está cambiando su manera de proceder, el jefe de la Policía del país, Augustine Chihuri, está aumentando la presión sobre la sociedad civil. Recientemente advirtió a los activistas contra intentar emular la Primavera Árabe.

"La Policía de Zimbabue y todos los zimbabuenses de bien no querrían ser parte de esta rebelión. La rebelión es una señal de brujería", declaró, según el diario The Herald, de propiedad gubernamental.

Chihuri recordó a los ciudadanos que "todo el peso de la ley" recaerá sobre quien intente derrocar al Gobierno planeando protestas masivas.

También se refirió al caso en el que seis personas, incluido el profesor universitario Munyaradzi Gwisai, fueron halladas culpables en mes pasado por un tribunal de conspirar para cometer actos de violencia pública por ver vídeos de las revueltas de la Primavera Árabe en Túnez y Egipto.

Aunque los seis recibieron condenas relativamente pequeñas de trabajos comunitarios, el hecho de que fueran encarcelados, juzgados y condenados por ver vídeos de información generales constituye una prueba de que el régimen de Mugabe sigue siendo represivo, según los activistas pro derechos humanos.

Según el acuerdo sobre el que se basa el Gobierno de coalición entre el Zanu-PF de Mugabe y el Movimiento por el Cambio Democrático de Tsvangirai, el Gobierno se compromete a trabajar con la policía y otras fuerzas de seguridad para impulsar la libertad de reunión y otros derechos básicos.

Pero eso no ha ocurrido, según los defensores de los derechos humanos, que dicen que la policía sigue acosando a los políticos de la oposición, a periodistas y activistas.

Los enviados de Mugabe podrán intentar defender en Bruselas el levantamiento de las sanciones, pero los diplomáticos de la UE en Harare dicen que son muy conscientes del enorme trabajo que se debe de hacer aún para que haya unas elecciones justas y libres en Zimbabue, que es de lo que se trata.