La Policía Judicial ha detenido a Antoni Oliver ha sido detenido después del registro que desde las 10.00 horas ha llevado a cabo la policía en la sede del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares, en una operación contra la corrupción ordenada por el juzgado de instrucción número 10 de Palma. Oliver era hasta la semana pasada gerente de Inestur.
Fuentes jurídicas y policiales, dentro de la operación, en la que interviene la Fiscalía Anticorrupción, se han ordenado un registro en la sede de este organismo público dependiente de la Consellería de Turismo del Govern balear, situado en el Parc BIT de Palma.
La detención responde a unas diligencias que se están instruyendo en dicho juzgado, sobre las que está declarado el secreto de sumario.
Por su parte el presidente del Govern balear, Francesc Antich había declarado antes de la detención que estaban al tanto del registro que se estaba realizando. Aseguraba también la colaboración que se tendría para que se aclarasen todos los casos abiertos actualmente en la isla. El gestor de Inestur, Miquel Ferrer es miembro del grupo Unió Malloquina (UM). Algunos de sus miembros han estado al cargo de la Conselleria de Turismo, de la que depende el organismo público intervenido.
Otros casos de corrupción en Baleares
La cúpula de este último partido ha sido imputada en varios casos judiciales, como es el caso de la presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar; del ex conseller de Turismo Miquel Nadal o del ex presidente de la formación nacionalista hasta diciembre pasado, Miquel Ángel Flaquer.
En el caso del PP, también están imputados en diversos casos de supuesta corrupción el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y su mujer, Maite Areal; el ex conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona; o el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán.
Para frenar los numerosos casos de corrupción destapados de la pasada legislatura, el Ejecutivo de las islas presidido por el socialista Francesc Antich ha aprobado la aplicación de un"código ético" por el que cualquier cargo ejecutivo deberá dimitir si un juez le impone medidas cautelares.
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