El terror vuelve a un pueblo de Guatemala dividido por una cementera

Natalia Sayed

Guatemala, 27 sep.- El asesinato de 11 personas en un confuso enfrentamiento, en el que otras 11 quedaron heridas y que provocó que casi un centenar huyeran de sus casas, ha avivado la tensión en un poblado de Guatemala, que vive en conflicto desde hace ocho años por el funcionamiento de una cementera.

Las versiones sobre lo que sucedió entre la noche del viernes 19 de septiembre y el sábado 20 en San Juan Sacatepéquez, un municipio del departamento (provincia) de Guatemala, son contradictorias.

En lo que casi todas las versiones concuerdan es en que, ese viernes, un grupo de personas armadas con escopetas, pistolas, fusiles y machetes entró en una vivienda de la aldea de Los Pajoques, que pertenece al municipio, y durante un enfrentamiento, que se extendió a otras residencias, murieron 11 personas.

Otras 11 resultaron heridas en el choque, que culminó con varios vehículos y propiedades incendiadas. Más de 85 vecinos abandonaron sus hogares y se trasladaron a albergues temporales a causa del terror reinante en el pueblo.

San Juan Sacatepéquez, a 31 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, ha sido escenario en los últimos ocho años de docenas de incidentes por la oposición de 12 comunidades del municipio al funcionamiento de una empresa cementera, de capital guatemalteco, que fue inaugurada finalmente en 2013 pese a la oposición de los vecinos.

Recientemente, también han mostrado su oposición a la construcción de un "Anillo Regional", una carretera de 402 kilómetros que unirá 58 municipios de ocho departamentos.

El Gobierno de Guatemala decretó, dos días después de la masacre, un estado de prevención en el municipio, en vigor durante dos semanas. Así restringió, entre otros derechos, las manifestaciones públicas y las reuniones al aire libre.

También emitió una orden de captura contra 29 personas y detuvo a cinco supuestos implicados en los enfrentamientos.

Daniel, de 24 años, asistió el miércoles al funeral de seis de las víctimas, todas residentes en la vivienda atacada por el grupo armado.

"Los encapuchados nos aterrorizan desde 2006", dijo a Efe el joven, que prefirió no dar su apellido atemorizado por posibles represalias.

El grupo armado supuestamente defiende los intereses de la comunidad en contra de la cementera por temas ambientales, "pero en realidad son ladrones y violadores de mujeres", afirmó.

"Yo dejé mi casa a principios de mes", agregó Daniel.

"El acoso ya era insostenible. Hasta golpearon a mi hijo de dos años. Y la noche de los asesinatos una de las casas incendiadas fue la mía", relató.

El ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, indicó en una rueda de prensa que "grupos armados y encapuchados han venido actuando en contra de las personas que han identificado que vendieron sus propiedades para la construcción de la carretera".

Esta versión la corrobora Carlos Humberto, otro vecino de las víctimas. "En la madrugada entraron en la casa de la familia acusándolos de haber vendido sus tierras para la construcción de la carretera", afirmó.

"Estos grupos nos vapulean. Nos esperan en la montaña para robar nuestros salarios. Nos amenazan. Ya no se puede vivir así. Quiero que el estado de prevención dure para siempre", añadió.

Las organizaciones sociales, sin embargo, expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno.

El dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, aseguró que la medida "es un error" y que será utilizada por las autoridades para imponer sus condiciones en contra de quien pueda oponerse a la empresa cementera.

La organización "Doce comunidades organizadas y en resistencia" emitió un comunicado en el que denuncia a "grupos paralelos de la cementera" como los "asesinos perpetradores" de la masacre.

Argumentó también que el objetivo es criminalizar a los grupos que se oponen a la empresa productora del cemento y a la carretera.

El gerente general de la cementera, perteneciente a la firma Cementos Progreso, José Raúl González Merlo, argumentó que el enfrentamiento fue iniciado por "terroristas" que están en contra de sus trabajadores y de todos aquellos que vendieron sus terrenos para la construcción del Anillo Regional.

Tres de los seis muertos eran hermanos, de apellidos Pacoj Chacaj.

"La familia Pacoj había sido amenazada antes de la masacre. Eran trabajadores honestos", apuntó.

En el entierro de las seis víctimas, una joven lloraba desconsolada. Su padre había sido asesinado y su madre estaba gravemente herida en el hospital, según dijo.

"Tengo que estar viva para cuidar a mi madre", dijo para después asegurar que no quería hablar con los medios.