La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) que pide recusar a todos sus magistrados por "falta de imparcialidad" y reclama que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.
Según fuentes parlamentarias, la iniciativa de Forcadell "pretende paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta".
La iniciativa se ha sabido durante la reunión de la Mesa del Parlament --que ha empezado este miércoles a las 10-- que debe tramitar la ley del referéndum, que JxSí y la CUP prevén aprobar este mismo miércoles.
Pese a todo, la recusación presentada por Forcadell, contra los doce miembros del Tribunal Constitucional por "falta de imparcialidad" no paralizará la acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir, si el propio órgano de garantías no admite su tramitación.
Así lo han señalado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press que han destacado lo inédito de la petición de Forcadell, quien en su escrito no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.
Entre éstos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedecer sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.
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En su escrito, de 25 páginas, y que Forcadell presenta "en su condición de autoridad, como presidenta del Parlamento de Cataluña y diputada en representación de la coalición electoral Junst Pel Sí", la mandataria considera los miembros del TC no pueden entrar a aplicar estas medidas de ejecución de sus sentencias al haberse convertido en "una extensión más de Gobierno del Estado" respecto de los diferentes recursos que se han ido presentando contra iniciativas de esta cámara relacionadas con el proceso independentista.
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