En un comunicado, el Icab ha explicado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé específicamente que la entrada y registro en un edificio o lugar público, además de reunir las garantías formales exigibles para cualquier otra entrada o registro, requiere que el juez haya oficiado previamente a la autoridad competente o al jefe del que dependa en la localidad en que se encuentre ubicado el edificio, estableciendo un plazo para responder el oficio y sólo después del cumplimiento del plazo establecido se puede proceder a hacer la entrada y registro.
Por ello, ha reclamado un "cumplimiento escrupuloso" por parte de las autoridades judiciales, fiscales y policiales a las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene establecidas por a las actuaciones de entrada y registro, así como para las detenciones y el resto de actuaciones policiales y judiciales.
El Icab ha asegurado que "estas garantías son las que avalan el Estado de Derecho como mecanismo de garantía de los derechos de las personas".
Además, ha recordado que el próximo 1 de octubre garantizará el servicio de asistencia al detenido y del turno de oficio, como lo hace habitualmente, "dando cobertura con todos los medios a su alcance a este servicio" a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
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