El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre a una decena de exaltos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas y varios de sus consejeros para que abonen una fianza de en torno a 5,1 millones de euros por una salida de fondos de la Generalitat para sufragar los gastos ocasionados por la consulta independentista del 9-N.
Según fuentes de los implicados en la investigación del 9N, entre los citados se encuentran también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que se encuentran ya inhabilitados. Todos ellos, junto a otros siete altos cargos de la Generalitat, están citados para entregarles la liquidación provisional de esa factura seis días antes del 1 de octubre, día en el que se celebrará el referéndum en Cataluña. Podrían tener que hacer frente con su patrimonio a los gastos de esa jornada.
La responsabilidad que desglosa el Tribunal de Cuentas es de 14.837 euros por la creación de la web que sirvió para el 9-N, 70.532 euros por el transporte y material para la consulta, 2,8 millones por la adquisición de ordenadores portátiles, 828.735 euros por la publicidad institucional, 1,4 millones por la póliza de seguros para los voluntarios, 1,1 millones por los trabajos de apoyo informático y 307.962 euros para el envío de información. En total 5,12 millones que se reclaman a los aludidos.La respuesta de Puigdemont y Junqueras
La respuesta del actual Govern ha sido inmediata. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han comparecido en rueda de prensa para afirmar que "si les tocan a ellos, nos tocan a nosotros" y para reiterar que el referéndum del 1 de octubre se va a celebrar. En una dura declaración, el president y el vicepresident han asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas busca "atacar los derechos fundamentales" y que "se han saltado los derechos procesales" en "un tiempo récord", ya que habían solicitado unos expedientes a la Generalitat y no han esperado a recibirlos.
Junqueras ha afirmado que el Gobierno del PP está "abusando de las instituciones" y que está intentado "impedir lo que no es un delito", en referencia al referéndum. El Ejecutivo de Rajoy, ha añadido, "se salta todas las normas de la democracia".
El pasado 19 de julio, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, arremetió contra el Tribunal de Cuentas alegando que perseguir el patrimonio de los responsables de la consulta del 9N no frenará el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que habrán urnas aunque "el precio sea de cinco millones de euros"."Dos euros por cabeza"
"Si el precio del 1-O fuera de cinco millones de euros, teniendo en cuenta que más de dos millones de personas votaron en el consulta del 9N, sale a dos euros por cabeza. Tenemos dos euros por cabeza", declaró en aquella ocasión.
A finales de julio el Tribunal de Cuentas decidió activar el nombramiento de un instructor para que practique diligencias y proceda a la apertura de una investigación para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamar a Mas y varios de sus exconsellers el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.
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