Saravia, feliz por el dictamen sobre la 'comfort letter' porque "refuerza la posición del Ayuntamiento" ante los bancos

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, se ha felicitado hoy por el dictamen emitido por el Consejo Consultivo que confirma que el exalcalde del PP, Javier León de la Riva, carecía de competencia para firmar por su cuenta y riesgo una carta de conformidad--'comfort letter'--como una de las garantías para la línea de crédito de 400 millones concedida por seis entidades bancarias a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El referido dictamen, que será remitido por el Ayuntamiento al Juzgado de Instrucción número 4, encargado de la denuncia por prevaricación y falsedad en documento público presentada por el equipo del socialista Óscar Puente, ha sido acogido por Saravia como una "buena noticia" pues, como ha sido ha subrayado hoy, el Consistorio ha promovido esa acción y el Consultivo no sólo le da la razón sino que "carga las tintas y dice que el documento es nulo de pleno derecho".

En este sentido, el concejal, en declaraciones recogidas por Europa Press, reitera la importancia del dictamen porque de este modo el Ayuntamiento, cuyo presupuesto "se vería gravemente afectado" en caso de tener que afrontar el pago de 101 millones--el 25% del préstamo que le corresponde del préstamo en el supuesto de que el soterramiento no llegara a realizarse--, "fortalece la posición del Consistorio ante los bancos, de forma que ya no está pillado por una 'comfort letter' que puedan hacer valer éstos en cualquier momento porque es nula".

Saravia se pronunciaba en tales términos tras presidir la Comisión Especial de Seguimiento de la Operación de Transformación de la Red Arterial Ferroviaria en la ciudad, en la que ha dado cuenta a sus integrantes del contenido de la última reunión mantenida en Madrid en la sede de ADIF con los representantes de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Al respecto, el titular de Urbanismo se ha quejado de que en aquella ocasión no contaron con cargos públicos políticos con los que poder tomar decisiones concretas sobre la operación ferroviaria en Valladolid y, por ello, espera que en la próxima reunión, prevista para el día 1 de septiembre, se pueda corregir este "tema crítico", máxime cuando antes del día 30 de ese mes es preciso haber resuelto la cuestión con las seis entidades bancarias prestatarias de los 400 millones para el soterramiento.

Pero además, Saravia se ha quejado de la disparidad de cifras manejada por ADIF en cada una de las reuniones, sobre todo en el capítulo de gastos pendientes, "con subidas y bajadas de hasta 100 millones", al tiempo que ha reclamado al grupo Fomento--ADIF y Renfe--que pongan sobre la mesa una "aportación extraordinaria", a mayores de los 62 millones ya desembolsados, para poder poner en marcha la operación concreta del soterramiento.

"Hay que hacer aportaciones, y las tienen que hacer las administraciones que pueden hacerlo, pues si no es imposible hacer proyecto alguno pues el Ayuntamiento no puede embarcarse en cualquier operación", ha advertido el concejal de Urbanismo.

TOMÁS BURGOS Y LOS "HECHOS CONSUMADOS"

Saravia también se ha referido a la polémica que mantienen el Ayuntamiento y la Seguridad Social por el antiguo edificio del colegio San Juan de la Cruz, sito en la calle Cardenal Torquemada, en el barrio de La Rondilla, donde los vecinos quieren transformar el inmueble en un edificio dotacional y la Administración Central pretende convertirlo en un edificio de atención ciudadana.

En este sentido, el edil, quien asegura desconocer cuándo empezarán las obras, ha cargado sus críticas contra el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, el vallisoletano Tomás Burgos, a quien reprocha no haber atendido sus llamadas a fin de solucionar el problema.

"Han llamado más de 20.000 personas a Tomás Burgos. Hoy mismo le he vuelto a llamar por teléfono y me han dicho que no podía atenderme porque estaba en rueda de prensa en Madrid. Está en la política de hechos consumados", ha censurado Saravia.