El Consejo de Transparencia de Andalucía resuelve a favor el 40% de las reclamaciones de acceso a la información pública

Según ha explicado en un comunicado el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), Manuel Medina, la mayoría de las causas de inadmisión o denegación de acceso se deben a la colisión con la protección de datos personales o con intereses económicos y comerciales de terceros.

En el balance de los diez primeros meses de funcionamiento del órgano de control de la transparencia en Andalucía, se han recibido, además, 60 reclamaciones correspondientes a denuncias, una de las posibilidades que contempla la Ley de Transparencia Pública de Andalucía 1/2014.

Más de un centenar de asistentes, en su mayoría funcionarios y técnicos adscritos a unidades de transparencia de ayuntamientos, diputaciones, universidades y administración autonómica han acudido a la Jornada sobre Límites de la Transparencia en el derecho de acceso y en la publicidad activa, organizada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

En la inauguración, Medina recordó que la información de las administraciones es pública, aunque esté sujeta a limitaciones que deben analizarse caso por caso y pidió que no se utilice el organismo por parte de los representantes políticos para su labor de fiscalización de las instituciones. Por su parte, el director del IAAP, Sánchez Bursón, destacó la importancia de la transparencia como herramienta para dotar de legitimidad la actuación de las administraciones y como vehículo para la participación ciudadana en las mismas.

La Jornada reunió a expertos, responsables municipales y representantes de órganos de control autonómicos a nivel nacional, con el fin de dar a conocer experiencias prácticas municipales y de las autoridades independientes de control en la aplicación de los límites en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de publicidad activa, como el secreto profesional, los intereses económicos y comerciales o la protección de datos personales.