El Congreso mexicano reforma la Ley de Víctimas para llenar vacíos legales

México, 16 abr.- Diputados mexicanos aprobaron hoy cambios a la Ley General de Víctimas y al Código Federal de Procedimientos Penales que buscan llenar los vacíos legales que tenía la norma, promulgada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que dificultaban su aplicación.

Con 448 votos a favor y tres abstenciones, el pleno de la Cámara baja dio luz verde a una serie de modificaciones, entre ellas la incorporación de una definición amplia de víctima en la que quedan incluidos quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.

La norma obliga ahora al Estado, a través de los tres órdenes de Gobierno, a garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, "lo que hace aún más fuerte y viable la aplicación de la ley", explicó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Ricardo Pacheco.

También plantea que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Además, establece los mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estipula que los fondos para apoyo y reparación del daño deben ser contemplados en el presupuesto federal aprobado por el Parlamento, así como en los Congresos de los estados del país.

Los cambios, aprobados antes en el Senado e impulsados por organizaciones de derechos humanos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, abarcan el concepto de asistencia y reparación integral a la víctima.

Asimismo, la reforma otorga mayor participación a las organizaciones de víctimas en el diseño de políticas y acciones que buscan su protección en todas las etapas contempladas en la ley.

La reforma, enviada al Ejecutivo para su promulgación, considera víctima a la persona que haya sufrido un daño físico, moral o mental en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea de forma directa o indirecta, así como aquella cuya integridad o derechos peligren por dar asistencia a una víctima.

También incorpora la noción de daño, en virtud la lesión corporal, moral o material; la pérdida de la vida o de ingresos y los costos que esto tenga para la víctima.

Peña Nieto promulgó en enero la Ley General de Víctimas para cumplir con el compromiso que había asumido en campaña electoral ante el MPJD, aunque desde entonces admitió que la norma era "perfectible".

Por ello, anunció que el Gobierno trabajaría para perfeccionarla y darle "plena viabilidad" y convocó a un "diálogo cercano" entre representantes de la sociedad civil y legisladores para mejorarla.

Varias organizaciones de víctimas como México SOS exigieron la corrección de algunos errores, "debilidades y vacíos" que ponían en riesgo la "viabilidad operativa" de la ley.

Miguel Alessio Robles, que fue consejero jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), dijo entonces que la ley tenía "muchas deficiencias", como no distinguir entre delitos y violaciones a derechos humanos y carecer de presupuesto para operar.