Todos los grupos municipales piden abordar desde el diálogo los modelos de gestión de servicios públicos

  • Las Jornadas sobre la gestión de los servicios públicos municipales han finalizado este viernes en el Salón de Actos del Edificio Seminario con un debate en el que han participado portavoces de todos los grupos municipales, en el que han aportado sus diferentes visiones políticas y han manifestado la necesidad de abordar los distintos procesos y modelos de gestión desde el diálogo, primando la búsqueda de grandes consensos para optimizar la gestión pública.
Todos los grupos municipales piden abordar desde el diálogo los modelos de gestión de servicios públicos
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EUROPA PRESS
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En el debate, que ha sido moderado por el periodista Pablo Carreras, han tomado parte la vicealcaldesa Luisa Broto, en representación de Zaragoza en Común; Sebastián Contín, en representación del Partido Popular; Marta Aparicio, en representación del Partido Socialista Obrero Español; Sara Fernández, en representación del Ciudadanos; y Carmelo Asensio, en representación de Chunta Aragonesista.

Como planteamiento general, todos los grupos han resaltado que ni las privatizaciones ni las remunicipalizaciones de los diferentes servicios públicos son la panacea para resolver los problemas, que en ambos planteamientos presentan una variada escala de grises, y que cada caso es diferente, por lo que deben abordarse de manera individualizada, y con un debate serio, riguroso y sin prejuicios.

Luisa Broto ha puesto de manifiesto en sus intervenciones el compromiso del Gobierno de Zaragoza por la defensa de la responsabilidad pública en los servicios cuya prestación es obligatoria: "Debemos garantizar la igualdad en el acceso, la calidad en el servicio, la sostenibilidad y el empleo", ha dicho.

Ha calificado estas jornadas como un "logro" para superar debates estériles, y respecto a la ideologización que se produce en el debate sobre esta cuestión ha insistido en que la normativa estatal "está encorsetando la acción municipal", ya que la Disposición Transitoria 27 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) limita la tasa de reposición de los ayuntamientos, por lo que, en muchas ocasiones, no tienen capacidad de llevar a cabo la gestión pública de manera adecuada y los aboca a la externalización de servicios.

También ha realizado la propuesta de que el Ayuntamiento de Zaragoza cuente con una hoja de ruta con diálogo y cronograma sobre posibles modelos de gestión de servicios públicos.

GRUPOS

El concejal popular Sebastián Contín ha planteado que el debate se está dirigiendo exclusivamente a una cuestión, que es la municipalización de servicios, y que se ha ideologizado. También ha señalado que Zaragoza es la ciudad española más endeudada per cápita, y que la municipalización de servicios supondría cuantiosos incrementos de los costes para el Ayuntamiento.

En este sentido, ha señalado que la privatización no es prioritaria en absoluto, y ha planteado dos razones posibles para internalizar servicios: que se vayan a prestar mejor y que no le cueste más a las arcas municipales.

"Ello es posible, pero hay que demostrarlo, dado el coste altísimo de la mano de obra en los servicios públicos, y que la internalización supone siempre un incremento de los costes laborales", ha dicho.

También ha señalado que el problema para disponer de recursos con los que internalizar servicios está en el presupuesto municipal: o se quita dinero de otras partidas, o hay que subir impuestos y tasas. Por ello, la disposición transitoria 27 de los presupuestos persigue evitar problemas ya que está limitando el gasto.

Ha señalado que, a su juicio, no hay voluntad de acuerdo, y ha pedido que no se aprovechen las reivindicaciones justas de los trabajadores para otras cuestiones políticas.

PIEDRA FILOSOFAL

La concejala socialista Marta Aparicio ha señalado que "no existe la piedra filosofal sobre la gestión de los servicios públicos", y ha pedido sosiego, "que falta en Zaragoza porque esta cuestión se ha politizado mucho".

Ha señalado que el objetivo es prestar a la ciudadanía unos servicios públicos con la mayor calidad posible, con eficacia, eficiencia y respetando los derechos de los trabajadores. También se ha mostrado de acuerdo con que la normativa estatal está encorsetando a los ayuntamientos, y que al final el debate se centra no en cómo prestar los servicios, sino en el proceso de su internalización o externalización, como ha sucedido con el caso del 010.

"Vamos a pensar cómo podemos hacerlo mejor, con carácter general y en cada caso", ha dicho, y ha pedido que el debate se aborde de una manera "sosegada", como ha sucedido, por ejemplo, en Huesca.

La portavoz de Ciudadanos Sara Fernández ha puesto de relieve que "es la primera vez que de verdad nos sentamos a debatir sobre este tema". Ha indicado que cada caso y cada servicio es diferente y que la posible municipalización no puede abordarse desde el dogmatismo.

Fernández ha enfatizado que "defendemos la prestación de los servicios desde lo público. Cada caso hay que debatirlo independientemente". También se ha manifestado en contra de la tasa de reposición y de muchos aspectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

"Hay que luchar con las herramientas que tenemos. Hay 5.800 trabajadores en las contratas municipales, que para el Ayuntamiento es imposible asumir como propios. Hay que racionalizar y abordar aquellos casos en que sea posible", ha expuesto.

Respecto al coste económico de los servicios, ha señalado que la calidad ha de estar por encima, aún con costes más elevados, pero sin engaños. "No hay que ocultar ni reinterpretar los informes técnicos", ha concluido.

CIERRE

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio ha señalado que existe en Europa una corriente para la recuperación de la gestión pública de recursos externalizados, sea a través de empresas públicas o sea directamente. Su opción prioritaria es la recuperación de la gestión de los servicios públicos, valorando caso a caso y servicio a servicio.

Ha indicado que existen actualmente 152 contratos externalizados en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que supone 260 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto municipal. El beneficio industrial, en estos casos alcanzaría los 18 millones de euros, lo que es un margen de mejora importante.

"Privatizar es muy fácil, pero recuperar esos servicios públicos esenciales para la Administración se encuentra con todo tipo de trabas", ha dicho. También ha puesto el ejemplo de Ecociudad, sociedad cien pública cuya privatización y venta parcial se evitó en la pasada corporación, y ha señalado, como otros intervinientes, el déficit importante de la inspección, con la que sólo cuentan tres contratas, y de fiscalización.

Las jornadas se han cerrado con una breve alocución a cargo del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en la que ha apostado por retomar los consensos para defender lo público.

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