Rajoy y Puigdemont afrontan un mes de infarto para decidir el futuro de Cataluña


  • El 6 y 7 de septiembre el Parlament podría aprobar la postergada Ley de Referéndum. El 11 será la multitudinaria Diada. Y tres semanas más tarde está anunciada la consulta.

  • El Gobierno de Rajoy tendrá escasa capacidad de reacción. Las decisiones para frenar el desafío soberanista las deberá tomar en cuestión de días y con movilizaciones en las calles.

  • Te interesa leer: El TC actuará como 'brazo ejecutor' del Gobierno para aplacar el 'procés'

El Parlament citará a Rajoy y Santamaría el 6 de julio por la 'Operación Cataluña'

El Parlament citará a Rajoy y Santamaría el 6 de julio por la 'Operación Cataluña' BARCELONA | EUROPA PRESS

Se avecina un mes de septiembre de infarto en Cataluña. La decisión de la Mesa del Parlament de postergar la tramitación de la Ley de Referéndum acorta los plazos del inevitable choque de trenes entre Gobierno central y Generalitat. El calendario es endiablado y las acciones que se están preparando obligarán a Moncloa a tener que actuar en muy pocos días. 

La Mesa del Parlament de Cataluña no ha incluido finalmente en el orden del día la tramitación de la llamada Ley de Referéndum, que suponía el inicio legal hacia la desconexión exprés del Estado. Así, la decisión queda aplazada hasta el próximo 6 y 7 de septiembre, cuando está convocado el primer pleno del periodo de sesiones. Solo cinco días más tarde, el 11, se celebrará la Diada, que se prevé multitudinaria. Miles de catalanes saldrán, por tanto, a las calles mientras el Gobierno central tiene que tomar decisiones para impedir la celebración de la consulta. 

A partir de la Diada, diversas entidades soberanistas han planteado ocupar las calles de Barcelona, como se hizo tras el 15-M en la Puerta del Sol de Madrid. Será en esas tres semanas que restan hasta el 1 de octubre cuando se decida el futuro de Cataluña. En Moncloa lo tienen claro: el Govern irá subiendo el diapasón en esos primeros quince días de septiembre, indican a Lainformacion.com fuentes cercanas a Presidencia.

En Moncloa ya tenían todo preparado para, en caso de que la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, modificara la agenda de la Mesa de este miércoles para tramitar la Ley de Referéndum, presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional de manera inmediata. En el Gobierno de Rajoy estaban expectantes ante la posible admisión a trámite de esta ley. Desde Madrid tenían la vista puesta en lo que podía suceder en la reunión de la Mesa de este 16 de octubre a las 10 de la mañana. Finalmente, al no incluir este punto, el choque de trenes con el Ejecutivo central se posterga hasta el movido mes de septiembre.

Rajoy y Santamaría alegan que "no existe el deber" de ir al Parlament por la 'Operación Cataluña' Rajoy y Santamaría alegan que "no existe el deber" de ir al Parlament por la 'Operación Cataluña'

Rajoy y Santamaría alegan que "no existe el deber" de ir al Parlament por la 'Operación Cataluña' BARCELONA | EUROPA PRESS

El Govern se asegura, así, unas tres semanas de paz en las que podrá meditar los

El próximo pleno se celebrará en el Parlament el 6 y 7 de septiembre, momento en el que podría aprobarse la Ley de Referéndum

próximos pasos que dará. El próximo pleno previsto se celebrará en el Parlament el 6 y 7 de septiembre, momento en el que podría incluirse la tramitación de la Ley de Referéndum y su aprobación. No hay muchos más días, ya que apenas quedarían otras tres semanas y media hasta el 1 de octubre. Los plazos, por tanto, están muy acotados. Los quince primeros días de septiembre serán de infarto en Cataluña.

En el Gobierno central tenían todo preparado para recurrir ante el TC la Ley de Referéndum. Si el Parlament aprobaba su tramitación, el Consejo de Ministros que se celebrará esta tarde a partir de las 17 horas aprobaría el recurso que, en principio, dejaría en suspenso la norma. Este mismo miércoles se reúne el pleno del Constitucional para, precisamente, rechazar la súplica del Govern para iniciar la tramitación legal del 1-O.

El Gobierno considera, por su parte, que la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña es la prueba del "absoluto desconcierto" que se vive en el seno de los independentistas. Fuentes del Gobierno se han expresado en estos términos a la agencia EFE, añadiendo que la situación está causada por la pérdida de apoyos populares, la radicalización, la "purga de cualquier voz moderada" y el intento de "escapar de sus responsabilidades" por parte de los máximos dirigentes secesionistas.

El TC, listo para actuar como 'brazo ejecutor'

Una opción que están manejando en Moncloa pasaría por que el Tribunal Constitucional actúe de oficio y se convierta en el auténtico brazo ejecutor del Gobierno para frenar el proceso independentista. La ley lo permite desde 2015. Ese año, el Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta reformó la Ley Orgánica del TC para establecer que "si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes".

Es decir, el propio TC podría entender que la Ley de Referéndum catalán incumple el auto que anulaba la famosa Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, y que suponía el inicio a la hoja de ruta independentista. Así, anularía a iniciativa propia la citada Ley y, además, podría iniciar la vía penal, tal y como se contempla en la misma reforma de la Ley Orgánica del TC: "En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas". Este escenario es contemplado por el Gobierno, indican fuentes de Moncloa.

Multas coercitivas, suspensión de funciones y responsabilidad penal

En definitiva, el Tribunal Constitucional podría actuar de oficio y llegar a imponer las siguientes medidas si "apreciase incumplimiento total o parcial de su resolución": multa coercitiva de 3.000 a 30.000 eurosa las autoridades, empleados públicos o particulares, suspensión de funcionesejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales e, incluso, deducir testimonio para exigirles responsabilidad penal. Así se contempla en la reforma de su Ley Orgánica.

Este mecanismo ya ha sido utilizado por el TC con anterioridad. Cuando Carme Forcadell, presidenta del Parlament, permitió que se votarán las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente, el Constitucional puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio público acabó querellándose contra Forcadell. Esta misma vía, por tanto, podría repetirse en los próximos días contra Puigdemont, Junqueras y demás cargos del Govern y del Parlament.