La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha avanzado que la formación nacionalista pedirá a la Mesa del Parlamento de Galicia que investigue las razones "del secuestro durante 30 meses" de la ley sobre preferentes aprobada por unanimidad en la Cámara para analizar si "constituye un caso claro de prevaricación".
Así lo ha anunciado la líder del Bloque en una rueda de prensa ofrecida este viernes tras reunirse con afectados por las participaciones preferentes para analizar tanto esta cuestión como la decisión del Gobierno de PP de "vetar" la posibilidad de que esta proposición de ley fuese debatida en el Congreso de los Diputados.
"Se metió en un cajón durante 900 días", ha manifestado Ana Pontón, quien ha recordado que la proposición de ley fue aprobada por unanimidad el 11 de marzo de 2014 y que no fue "hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando se remitió al Congreso para que fuese debatida".
"Estamos ante unos hechos de gran gravedad que incluso pueden significar que desde la presidencia del Parlamento de Galicia se prevaricó en el tratamiento de esta iniciativa", ha denunciado para insistir en la necesidad de conocer los motivos por los que esta proposición estuvo "secuestrada".
Además, ha pedido a la Mesa del Parlamento que "no vuelva a actuar con parcialidad" y lo haga "con rigor" y ha recordado que "el actual presidente del Parlamento, Miguel Santalices, era el vicepresidente de la Mesa que mantuvo secuestrada esta ley". "Estamos ante una dejadez de funciones y una degradación del Parlamento evidente", ha denunciado.
"VETO VERGONZOSO"
En su intervención, Ana Pontón también ha denunciado el "veto vergonzoso" y el "segundo en apenas tres meses a una ley gallega", cuestión que, en su opinión, "es una muestra más de la irrelevancia política de Feijóo". "Nada sorprendente después de ver como el PP mide el peso político del presidente de la Xunta por el número de 'selfis' que se hizo en Madrid con los militantes de su partido", ha considerado.
El BNG ha compartido con representantes de las plataformas la demanda de que se reintegre la totalidad de los ahorros estafados porque, según ha explicado el portavoz de la plataforma de afectados de Santiago, Jesús Domínguez, a día de hoy "aún quedan en Galicia unos 10.000 afectados sin cobrar por un importe de 100 millones".
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