Podemos y Page lo prometen pero... ¿puede derogarse el Concordato con la Iglesia?

El secretario regional de Castilla La-Mancha del PSOE, Emiliano García-Page, ha acordado junto con Podemos, como condición para aprobar los presupuestos del 2016, instar al Gobierno de España a "suprimir el Concordato con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública".

Sin embargo, esta promesa, del todo electoralista, es bastante engañosa a tenor de la realidad: Los acuerdos con la Iglesia tienen rango de tratado internacional, por lo que para derogarlas se requiere mayoría en el Congreso. En concreto se requieren dos tercios de la cámara votando en un mismo sentido. Y el PP no está dispuesto a prestar su apoyo para que tal hecho suceda.

Además, una posible denuncia unilateral no es factible, entre otras cosas porque la rotura unilateral de un concordato solamente es posible cuando el propio tratado lo prevea o cuando haya una violación gravísima por una de las partesLa última vez que se revisó fue en 1953

La última revisión efectuada en España de un concordato con la Santa Sede fue 1953. El Estado y la Iglesia católica se encontraron, entre mediados de los 60 y principios de los 70, con dos problemas de entidad.

Por un lado, el privilegio del fuero que consagraba el concordato de 1953 producía situaciones anómalas, pues sacerdotes de algún modo conectados con el movimiento terrorista de ETA no podían ser juzgados por las autoridades civiles, ya que el concordato exigía la autorización de los correspondientes obispos. Estos no siempre la otorgaban, dificultando el procedimiento penal y la acción policial.

Por otro lado, a partir del Concilio Vaticano II, la Santa Sede había rogado a los Estados que renunciaran al privilegio de intervenir en los nombramientos de autoridades eclesiásticas (incluidos obispos). Entre esos Estados estaba el español, que por privilegio concedido tenía una notable intervención en el nombramiento de los obispos. Así pues, el desencadenante de la revisión del concordato de 1953 fueron dos cuestiones de máxima importancia: el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de justicia.Aceptado por el TC y por el Tribunal de Derechos Humanos

Por el contrario, con respecto al vigente Concordato las pocas veces que el Tribunal Constitucional ha debido afrontar cuestiones relacionadas con los Acuerdos (capellanes castrenses, matrimonio, enseñanza de la religión, idoneidad del profesorado) nunca ha puesto en duda su constitucionalidad.

Incluso el Tribunal de Derechos Humanos ha declarado acordes con el Convenio de Derechos Humanos y con justificación "objetiva y razonable" la conclusión de Acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado previendo para la Iglesia un estatuto fiscal específico, siempre que quede abierta la puerta para la conclusión de convenios entre el Estado y otras Iglesias que así también lo establezca. Lo cual está previsto en la ley de libertad religiosa española de 1980.La Iglesia ahorra al Estado 30.000 millones de euros

Otro de los argumentos que se argumentan para criticar este acuerdo es que, en virtud del concordato, la Iglesia católica recibe más de 11.000 millones anuales del Estado.

Si bien esto es cierto, según la Memoria Económica de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica ahorra al Estado cerca de 30.000 millones de euros al año.

De esta manera, los ciudadanos piden bodas, catequesis, visitas a enfermos y misas. Si pidiesen al Estado un servicio equivalente y se pagase a precio de mercado, le costaría 1.860 millones. La Iglesia lo hace por 680.

Además, la Iglesia es titular de 6.041 centros de enseñanza, con 1.370.000 alumnos. Si estas plazas las tuviese que cubrir el Estado le costaría 4.148 millones de euros más.

En cuanto a sanidad, los cerca de mil centros que posee la Iglesia, así como el servicio a personas discapacitadas ahorra al Estado cerca de 14.000 millones.

Cáritas y Manos Unidas, por su parte, con 4.459 centros y 17 grandes programas evitan un gasto de 262 millones. Y eso que el valor de los 60.000 voluntarios de Cáritas aún está por computar.

Por último, en cuanto a la industria cultural el valor es incalculable. Un ejemplo: la Semana Santa de Córdoba genera 40 millones de euros en la ciudad. La Iglesia mantiene un tercio de los monumentos de España, donde 7,5 millones de extranjeros buscan turismo cultural.