El sur de España no olvida la sangrienta "limpieza" de la guerra civil

"Decían 'tenemos que acabar con la semilla roja'", asegura Rogelia Beltrán, cuyo abuelo fue asesinado en la guerra civil española por civiles fascistas que, como el sanguinario torero sevillano 'Pepe el Algabeño', dejaron una huella difícil de borrar 80 años después.

"Matador de toros y de rojos", José García Carranza, apodado 'El Algabeño', destacó según los historiadores entre los ricos terratenientes andaluces que se lanzaron a la persecución de jornaleros izquierdistas en el sur de España tras el estallido de la guerra, el 18 de julio de 1936.

Ese día, el general Francisco Franco dio un golpe de Estado contra la Segunda República exitoso sólo en algunas ciudades de provincias. Y comenzó un cruento conflicto.

En Andalucía surgieron grupos de voluntarios que recibieron "carta blanca" de unos militares que rápidemente tomaron el control de la región, explica a la AFP el historiador Francisco Espinosa.

Eran "gente de la burguesía agraria sevillana que se ofrecieron" a ejercer la represión "montados en sus propios caballos y con sus propias armas", agrega.

Paramilitares y tropas golpistas "hacían operaciones de limpieza de la sierra", adonde habían huido sindicalistas e izquierdistas, explica Juan José López, de 50 años, educador de adultos y miembro de una asociación de víctimas.

Su tío-abuelo murió en noviembre de 1936 en "una batida" cerca de Madroño. "Era como una montería de jabalíes o ciervos: los batidores iban barriendo el monte para que la presa saliera huyendo" y dispararles, explica.

Mientras habla, sostiene una fotografía de su pariente, incluida en la exposición itinerante "El ADN de la memoria", destinada a dar visibilidad a unas víctimas que, 80 años después, siguen pidiendo reconocimiento.

Una ley de amnistía de 1977 impide en España juzgar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

"Hacían cosas horrorosas: dejaban los cadáveres tirados en las calles como escarmiento e impedían retirarlos para que se los comieran las bestias", afirma Antonio Narváez, metalúrgico jubilado de 83 años.

Tenía sólo tres años cuando mataron a su padre en Marchena. Jornalero sin afiliación política ni sindical, su único delito era saber leer, afirma con una triste sonrisa desdentada: "Le leía la prensa a sus compañeros".

También las viudas fueron represaliadas. Les confiscaron casas y bienes, dejándolas con niños pequeños, sin trabajo y estigmatizadas.

"Las rapaban y las paseaban así por el pueblo. A una le arrancaron el pelo a tirones, luego lo ataron a un palo y lo exhibían como un trofeo", cuenta Antonio Martínez, hostelero de 80 años e hijo de un represaliado en Escacena del Campo.

La idea era "'si no piensas como yo, te elimino' y eso tiene un nombre, se llama genocidio", se indigna Rogelia Beltrán, auxiliar de enfermería de 53 años. "Cuando mi madre era pequeña, las vecinas le decían 'tenemos que acabar con la semilla roja'", asegura.

Habla con voz suave pero no logra contener las lágrimas mientras muestra viejos documentos manuscritos manchados de humedad, pruebas de tanto dolor recopiladas durante años.

"Fue una depuración ideológica que también incluyó a maestros, abogados, periodistas, escritores de ideología liberal", asegura -recordando fusilamientos como el del poeta Federico García Lorca- Paqui Maqueda, trabajadora social de 52 años, cuyo bisabuelo y tres tíos-abuelos murieron en Carmona.

Sin embargo, "la clase social más baja fue la más represaliada", subraya.

Ante sus miserables condiciones de vida, en una España con alto analfabetismo, los trabajadores agrícolas había formado durante la República un fuerte movimiento sindical.

Y ricos terratenientes como 'El Algabeño', de quien dicen que picaba a los jornaleros como si fueran toros, decidieron aplastarlo, afirman víctimas e historiadores, lamentando la escasez de pruebas documentales.

"Muchos de los crímenes de García Carranza fueron recogidos y pormenorizados por testigos y coetáneos", asegura no obstante Diego Agüera, alcalde de La Algaba.

Aquí, a pocos pasos de las exuberantes buganvillas y la fuente de azulejos que decoran la plaza del ayuntamiento, en una estrecha vía de pequeñas casas blancas se alza una placa: "Calle José García Carranza".

Denunciando "los innumerables asesinatos que cometió, la mayoría de ellos a sangre fría, las innumerables detenciones y torturas que practicó", Agüera logró en marzo que el consejo municipal aprobase cambiar el nombre por "Calle de La Igualdad".

Parientes del torero, ya ancianos, contactados por la AFP, rehusan ser citados. "A veces crees que estás haciendo un bien y estás haciendo un mal", intenta justificar una sobrina-nieta.

Mientras tanto, a la espera de los trámites burocráticos, la placa sigue ahí, aunque aseguran que solo por unos dias.

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