Ecuador admite error en información criticada por Human Rights Watch

Quito, 6 mar.- El Gobierno de Ecuador admitió hoy como errónea una información difundida en su periódico web, El Ciudadano, horas después que la organización Human Rights Watch (HRW) criticará al Ejecutivo de Quito por distorsionar "de manera flagrante" su postura sobre la situación de la libertad de expresión en el país.

En un comunicado, El Ciudadano aseguró esta tarde que "rectifica abiertamente" dicha información, relacionada con la visita de una delegación del país a Washington y unas supuestas declaraciones del secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado.

HRW, en otro comunicado, acusó hoy al Gobierno ecuatoriano de distorsionar "de manera flagrante" su postura sobre la situación de la libertad de expresión en el país, que considera "una de las peores en toda la región".

La organización de derechos humanos afirmó que, según una entrevista publicada en "El Ciudadano", Alvarado tergiversó lo sucedido en un encuentro reciente que sostuvo en Washington con algunos de sus representantes.

En la rectificación, El Ciudadano asegura que "la nota en mención fue redactada asumiendo como declaraciones oficiales ciertos comentarios vertidos por el secretario de Comunicación durante una reunión informal con otros funcionarios", entre los que se encontraba una periodista del medio oficial.

Ella, dice el comunicado, "interpretó erróneamente y descontextualizó los conceptos vertidos por el secretario de Comunicación y publicó un reportaje que en su esencia no corresponde a la línea de pensamiento de este alto funcionario".

Por ello, El Ciudadano ofrece "disculpas públicas" a Alvarado, a sus lectores e informa que "ha tomado las medidas pertinentes para evitar errores a futuro", añade el comunicado.

La información criticada por HRW sostenía que Alvarado había insinuado que esa organización "avala algunas políticas del Gobierno que vulneran la libertad de expresión".

En respuesta, Tom Malinowski, el director de la oficina de la asociación en Washington, dijo que durante el encuentro, en el que él participó, HRW "cuestionó en forma clara y reiterada las políticas y prácticas del gobierno contra sus críticos, las cuales vulneran estándares básicos sobre libertad de expresión".

La organización, que tiene su sede en Nueva York, también le pidió despenalizar la difamación y abstenerse de enjuiciar a quienes expresan opiniones críticas.

En la versión aludida por HRW, Alvarado afirmaba que todas las organizaciones no gubernamentales con las que se reunió en Washington "dijeron entender claramente las razones del presidente de la República (Rafael Correa) para judicializar un reclamo tanto en el caso de El Universo como en el caso de El Gran Hermano".

El mandatario demandó al diario El Universo por injurias, pero finalmente perdonó la condena a tres años de prisión y a pagar una indemnización de 40 millones de dólares emitida por tres tribunales contra sus tres directivos y un exeditorialista.

También condonó la pena a pagar 2,1 millones de dólares dictaminada por una corte de primera instancia contra dos periodistas que escribieron sobre los contratos con el Estado de empresas supuestamente vinculadas con su hermano, Fabricio Correa.

De acuerdo a Human Rights Watch, en la información de El Ciudadano Alvarado afirmaba que le apenaba "haber escuchado a todas las ONG decir que reconocían que los medios de comunicación mienten todos los días y en todas partes, y que su actitud es dejarlo pasar".

Asimismo, se señalaba que la iniciativa de creación de un Consejo de Regulación para controlar ciertos contenidos de la prensa "les pareció correcta" a esas organizaciones, una vez que les explicó que el Ejecutivo solo tendría un miembro en ese órgano.

La supuesta entrevista, fechada el 4 de marzo, no está disponible en la página de El Ciudadano.

Human Rights Watch señaló que en su encuentro con Alvarado dejó claro que, a su criterio, la situación de la libertad de expresión en Ecuador "es una de las peores en la región".

También acusó al presidente Correa de vulnerar "estándares internacionales de derechos humanos y valores fundamentales de una sociedad democrática", por pedir penas de cárcel e indemnizaciones millonarias contra personas con posturas críticas a su gobierno.