El tribunal de cuentas halla en el museo reina sofía deficiencias contables y de control sobre la conservación de las obras

El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) correspondiente al ejercicio 2013, en el que refleja diversas "debilidades en el control interno contable" y "una serie de incumplimientos relacionados con la aplicación de la normativa" de la pinacoteca.
El museo registró indebidamente en las partidas de Terrenos y Construcciones los valores del suelo y del vuelo de los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o asimilados a esta categoría. Estos elementos debieron figurar en la rúbrica de Bienes del Patrimonio Histórico, en registros contables independientes y, en consecuencia, el valor de tales construcciones no debió ser objeto de amortización.
Por otra parte, la documentación soporte no ha permitido la verificación del saldo de la cuenta de Bienes del Patrimonio Histórico (con un valor de 288 millones de euros a 31 de diciembre de 2013), si bien el propio informe aclara que la posible falta de incorporación de determinados bienes artísticos no afectaría a la representatividad de las cuentas de la Entidad. Asimismo, el Museo está inmerso, desde 2010, en un proceso de inventario de bienes no artísticos del que se prevé un significativo efecto sobre las cuentas de ejercicios futuros.
El informe señala, asimismo, que en la memoria de las cuentas anuales se detectan carencias de información, especialmente por lo que se refiere a los bienes del inmovilizado que gestiona el museo. Además, la información sobre la aplicación del principio de devengo no se ajusta a la realidad y la memoria solo informa de manera parcial sobre el coste de las actividades desarrolladas por el museo.
Esta fiscalización también ha puesto de manifiesto el incumplimiento del principio de devengo en una parte significativa de los ingresos, la ausencia de un manual de contabilidad específico para la Entidad y una serie de deficiencias en la información contable y en el ámbito de la tesorería, entre otras.
En el apartado de análisis sobre el cumplimiento de la legalidad, el informe recoge una serie de incumplimientos relacionados con la aplicación de la normativa de la propia pinacoteca, como la falta de aprobación de los principios de organización, de la estructura orgánica, de la plantilla y de la propuesta de régimen retributivo y del organigrama funcional previsto en dicha normativa.
En el marco del cumplimiento de la legalidad, el tribunal también ha detectado que el museo "no cuenta con una serie de principios de dirección ni directrices generales de actuación que hayan sido formalmente aprobados". Tampoco cuenta con un proyecto de actuación artística actualizado (el vigente era del año 2007), ni con planes generales de actuación y de objetivos para el ejercicio 2013, con lo que el Museo incumple las previsiones legales sobre la planificación en el ejercicio fiscalizado.
En materia de ingresos, el informe detecta una posible aplicación "indebida de los criterios legales de ponderación de la tasa de cesión de espacios, lo que ha podido producir una reducción de la cuantía que debió percibir el museo por este concepto".
En materia contractual, el análisis del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto "irregularidades en la tramitación de distintas clases de contratos, así como la contabilización de gastos que no estaban amparados en contratos formales celebrados por el Museo".
El informe señala, asimismo, que la composición del Patronato no cumplía las previsiones relativas a la presencia equilibrada entre mujeres y hombres, ya que en el periodo fiscalizado, de los 17 vocales designados, solo dos eran mujeres.
En el análisis del control interno operativo de la Entidad se han detectado una serie de debilidades, entre ellas, la ausencia de informes periódicos sobre el estado de conservación de las obras y de un manual de seguridad. En la gestión de los bienes artísticos los expedientes analizados pusieron de manifiesto la dispersión de la documentación en distintas unidades gestoras; en las adscripciones, la ausencia de un procedimiento completo y detallado de los trámites a llevar a cabo por el Museo para el estudio y propuesta de las obras de arte de su interés para elevar al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; y en los préstamos de obras de arte a otras instituciones, las normas internas informales del museo no incluyen las garantías que debían aportar las instituciones receptoras de tales obras de arte.
El Tribunal de Cuentas finaliza su informe con la propuesta de una serie de recomendaciones que subsanen las deficiencias halladas, como elaborar un informe periódico sobre el estado de conservación de las obras de arte que gestiona; proseguir en la gestión y control de las obras y la búsqueda de las obras de arte no localizadas; mejorar sus labores de seguimiento y control de los depósitos constituidos en otras instituciones; y, en coordinación con el Museo Nacional del Prado, continuar los trabajos hasta culminar el proceso de reordenación de las obras de arte en el que están inmersos ambos Museos. Además, debería concluir con la mayor celeridad posible el proceso de inventario de bienes no artísticos y solventar las deficiencias de su inmovilizado.
En cuanto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el informe se recogen varias recomendaciones, entre otras, la de elegir y desarrollar fórmulas de colaboración con las Comunidades Autónomas que tengan reconocidas en sus estatutos competencias exclusivas en materia de cultura y que cuenten con algún centro dedicado a finalidades similares al MNCARS.