Grupo Clarín denuncia funcionarios Gobierno por incitar "violencia colectiva"

Buenos Aires, 25 nov.- El grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios argentino, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández por supuesta "incitación a la violencia colectiva" y "coacción agravada", informó hoy la agencia oficial Télam.

La denuncia afecta a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella.

También, apunta a parlamentarios, como el jefe del bloque de legisladores porteños del oficialista Frente para la Victoria, Juan Cabandié, y a periodistas afines al oficialismo.

El grupo Clarín está enfrentado con el Gobierno por la Ley de Medios Audiovisuales, que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre y que, según el Ejecutivo, obligará a la empresa a deshacerse de varios de sus canales.

El pasado jueves, Clarín solicitó a la Corte Suprema de Justicia que retrase la entrada en vigor de la normativa más allá del 7 de diciembre, mientras el ministro de Justicia denunció que el grupo pretende conseguir "una cautelar eterna" y que "busca no cumplir" con la Ley de Medios.

La Ley fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 por ciento de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Según un informe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61 por ciento de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica.

El Gobierno ha anunciado que cuando venza la medida cautelar, el próximo 7 de diciembre, sacará a concurso público las licencias que excedan el máximo permitido de los grupos que no se hayan adecuado de forma voluntaria a la ley.

Clarín sostiene que no desinvertirá y considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.