Mediante una norma, el gobierno facultó al ministerio de Cultura "otorgar a entidades privadas y públicas la administración de sitios arqueológicos, pero no significa dar en concesión o cesión el uso de esos bienes", precisó la titular de esa cartera, Diana Álvarez, en una rueda de prensa.
"El patrimonio del país es muy grande y el Estado no tiene los recursos para administrarlos, conservarlos y realizar investigaciones. Esta es un nueva forma de obtener recursos para ponerlos en valor", agregó.
En Perú se han registrado 19.903 sitios arqueológicos, y la lista sigue aumentando por nuevos descubrimientos y evaluación por parte de los expertos que le dan esa categoría.
Eso sí, no todos entran en la lista para ser administrados. Se han descartado los considerados Patrimonio Cultural, como el complejo arqueológico de Machu Picchu, la ciudadela de barro Chan Chan, Caral, Chavín, el Qhapaq Ñan (Camino Inca, en quechua), entre otros, según el ministerio.
La ministra Álvarez precisó que la administración será por un máximo de diez años y los servicios que podrán prestar serán, además de la administración propiamente dicha, servicios de limpieza, seguridad, cafetería, restaurantes, baños y servicios turísticos.
"Del resultado de la gestión del servicio habrá un porcentaje que será directamente invertido en el monumento para su puesta en valor sostenible", agregó.
En lo que respecta a las investigaciones en los sitios por alguna entidad privada, universidad nacional o extranjera, se adecuará al reglamento de investigación arqueológica, que señala claramente que tiene que tener la vigilancia y control del ministerio de Cultura, explicó la ministra.
Esta norma ha provocado el rechazo de algunos sectores, como en la región del Cusco (sureste), donde esta ubicados los sitios más visitados por los turistas como Machu Picchu, Sacsayhuamán o Coricancha.
La Federación Departamental del Cusco, convocó para este miércoles una movilización en rechazo de la norma, pidiendo su derogatoria, por considerar que privatiza los bienes culturales.
"La norma que entregará el patrimonio cultural al sector privado acabará por destruir las riquezas arqueológicas del Cusco", señaló el dirigente Wilfredo Álvarez.
La ministra afirmó que "la norma no es privatizadora" y que no afectará al Cusco, porque muchos de sus monumentos ya tiene presencia de privados "generando importantes ingresos".
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