El Gobierno estudia medidas para acabar con la reventa de entradas por Internet

Entradas a espectáculos que se agotan en minutos y que luego se pueden adquirir por Internet a precios muy superiores. Conciertos de U2 o Lady Gaga, cuyos tickets son cotizadísimos, pero que se acaban y que luego son vendidos por particulares. Esta es la tónica habitual en el caso de las grandes giras de algunos artistas. El problema se encuentra en la reventa masiva de entradas por Internet, un problema que el Gobierno conoce, pero ante el que poco puede hacer.

La organización de espectáculos públicos es una competencia transferida antes las comunidades autónomas, de forma que no se puede aprobar una ley nacional sobre la materia. Por eso, desde el Ministerio de Cultura sí que se están impulsando medidas encaminadas a acabar con una práctica que supone una "limitación de facto al acceso a la cultura que debe ser promovido y tutelado por los poderes públicos", tal y como se recoge en el artículo 44.1 de la Constitución. 

El Gobierno admite que es "difícil" el encaje de la reventa por Internet en el ámbito penal. No obstante, sí que ha identificado algunas conductas tipificadas en el Código Penal que podrían ser imputables: por ejemplo, si los reventas usaran programas informáticos para obtener las entradas antes de ponerse a la venta se podría estar hablando de un delito tipificado en el artículo 197 bis del CP de acceso no autorizado a un sistema de información. Asimismo, si estos reventas obtienen las entradas impidiendo el acceso a los sistemas informáticos a otros compradores se podría hablar de un delito tipificado en el artículo 264 bis del CP por obstaculizar el funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción de datos.

Por último, si el propósito de un reventa fuera provocar una alteración de los precios de las entradas la conducta atípica se asemejaría, sin llegar a completar el tipo, como la descrita en el artículo 284.1 del CP: "Emplear violencia, amenaza o engaño para alterar precios que resultarían de la libre concurrencia".

El Ministerio que dirige Íñigo Méndez de Vigo es consciente de que estos procesos los llevan a cabo reventas profesionales dedicados a una actividad económica no declarada. Por eso podrían incurrir en una infracción administrativa que podría llegar a un delito fiscal dependiendo del volumen de negocio. Hay que tener en cuenta también que la reventa de entradas en la vía pública está prohibida.

La solución, por tanto, es compleja y solo podría venir a través de una legislación autonómica. Cultura tiene previsto llevar a la Conferencia Sectorial toda esta información para que los respectivos gobiernos aborden medidas normativas ante esta problemática. 

El Gobierno considera, además, que los expendedores de entradas podrían colaborar de una forma más activa para acabar con la reventa. Algunas soluciones que plantea el Ejecutivo son establecer limitaciones en cuanto al número de entradas que un usuario puede adquirir, exigir tickets nominales, con fotografía o mediante tarjeta de crédito que dificulten la transmisión a terceros o, incluso, regulando la actividad, es decir, creando sitios web autorizados donde se garantice la compra-venta de forma directa.