MADRID. FAMMA Y EL AYUNTAMIENTO ANALIZARÁN QUE LA PEATONALIZACIÓN DE GRAN VÍA NO SUPONGA NUEVAS BARRERAS DE ACCESIBILIDAD

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) analizará conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid las modificaciones realizadas para la peatonalización temporal de la Gran Vía, que han supuesto “un menoscabo de las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida respecto a las circunstancias preexistentes”.
La federación señaló este martes que ha remitido un informe confeccionado por el equipo técnico del Gabinete de Accesibilidad Universal (GAU) de Famma con relación a las barreras que se han creado a través de la colocación de vallas en varios arranques de tramos peatonales, así como de las plataformas prefabricadas ubicadas frente a las paradas de autobuses municipales en la Gran Vía.
El escrito pone de manifiesto que “las vallas que han limitado determinados tramos peatonales de la calzada no contaban con señalización alguna”, por lo que “obligaban a las personas con movilidad reducida a desandar el camino, suponiendo un obstáculo para su libre circulación”.
Por otro lado, Famma critica que “las plataformas prefabricadas situadas para facilitar el tráfico de autobuses municipales presentaban un escalón a la cota de acera”, dificultando el paso a usuarios de sillas de ruedas. Además, asegura que las rampas incorporadas en los laterales “incumplían el Decreto 12/2007 de 15 de marzo de la Comunidad de Madrid”.
En este sentido, la federación incide en que “la existencia de barreras en cualquier vía pública contraviene las disposiciones del Real Decreto legislativo 1/2013 debido a que, a juicio de la federación, se crea una discriminación indirecta al ocasionar una desventaja al colectivo por razón de su discapacidad”.
Por ello, la federación se reunirá en los próximos días con los responsables del Ayuntamiento de Madrid para analizar conjuntamente las conclusiones de su informe e instar a las autoridades municipales a actuar de acuerdo a la legislación que regula las exigencias de accesibilidad en las vías públicas y el transporte, con el fin de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de personas con discapacidad.