Tras la reunión del Consejo, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha explicado que la norma establece que los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas deberán comunicar semestralmente a la Dirección General de Salud Pública información de los trabajadores en activo que, según su evaluación de riesgos, hayan estado expuestos en el pasado a agentes cancerígenos o lo estén en la actualidad.
Las compañías deberán trasladar su informe a la Consejería de Sanidad en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Esta comunicación inicial incluirá la información retrospectiva disponible sobre los trabajadores en activo. A partir de ese momento, los datos se actualizarán cada seis meses.
La Dirección General de Salud Pública puso en marcha en 2011 un programa para detectar casos de cáncer profesional a través de los médicos de atención primaria, con el propósito de mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades relacionadas con el trabajo y ahondar en la relación entre exposición laboral y cáncer.
Este decreto supone un nuevo avance en este proyecto, que ha permitido estudiar a más de 566 trabajadores diagnosticados de cáncer en situación de baja laboral. Tras la valoración de las historias, se han encontrado 27 casos con altas probabilidades de ser clasificados como enfermedad profesional (5% del total) y en otros 65 (11,5%) se ha acreditado una relación clara, aunque menos intensa, entre la enfermedad y el ambiente laboral. En el 83,4% restante (474 casos) el cáncer se considera una enfermedad común.
La creación del registro responde a uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019.
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