CATALUÑA. UN INSPECTOR ADVIRTIÓ A DIRECTORES DE INSTITUTOS DE QUE EL TC HABÍA PROHIBIDO LA CONSULTA

La segunda jornada del juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau comenzó este martes con las declaraciones de los testigos sobre la apertura de los institutos como colegios electorales y la logística del 9-N.
El inspector de Enseñanza Josep Alsina aseguró ante el tribunal que vio la providencia de suspensión de la consulta en el Boletín Oficial del Estado del 5 de noviembre, y no tuvo “ninguna duda” de que había que parar los preparativos, por lo que lo comunicó a los directores de los institutos a su cargo.
Alsina denunció “irregularidades” en la cesión de institutos e hizo “un informe sobre la situación” que hizo llegar al inspector jefe, “que no lo validó, ni envió contrainforme” para ponerlo en entredicho, “como es habitual”. Aseguró que hizo ese informe porque una de las tareas de la inspección es “vigilar la legalidad de las actuaciones” de la Administración.
Asimismo, explicó que la directora del IES Pompeu Fabra de Badalona “recibió presiones del servicio territorial para que cediera las llaves el día de la consulta”, lo que producía inquietud. Días más tarde, esta responsable manifestó que sus reticencias habían sido resueltas porque “ya me han enviado un documento que me exime de responsabilidad”.
Más tarde, y en respuesta preguntas del abogado defensor de la exconsejera de Educación Irene Rigau, el testigo explicó que esta mima directora acabó reconociendo que “se había quedado muy tranquila porque había entregado las llaves a una persona que conocía”.
Preguntado por si la lectura de la providencia del TC en el BOE de 5 de noviembre de 2014 le dejó claro el alcance de la prohibición, Alsina respondió: “No soy jurista, soy licenciado en Ciencias Matemáticas, pero cuando vi el BOE no tuve ninguna duda sobre que había que suspender las actuaciones”.
Finalmente, este inspector envió comunicación a la máxima responsable de la inspección Caridad Ramos Ferrer, que había emitido un informe sobre el uso de los institutos en la jornada del 9-N, y dijo que había varios inspectores que, como él, no estaban de acuerdo con la gestión de ese proceso.
A continuación declaró el inspector jubilado Jesús Rul, quien explicó que fue el inspector jefe quien convocó una reunión con los directores de los servicios territoriales y pidió a los inspectores que se abstuvieran de intervenir en lo relacionado con la consulta. Casi un mes después de su celebración, Rul dirigió una carta advirtiendo de los riesgos del uso de los institutos en la consulta del 9-N a los directores de su zona de inspección.
Lo hizo, según dijo, porque los directores le hicieron llegar sus “inquietudes” y “preguntas” y estaba obligado a hacer una labor “de asesoramiento”, pero la decisión de enviar la carta fue “una decisión personal de asesoramiento y supervisión dentro de las funciones que tenía asignadas”.