MADRID. EL PSOE EXIGE A CIFUENTES QUE REFUERCE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Mónica Silvana denunció hoy “la dificultad de acceso al empleo” de las personas con discapacidad en Madrid.
Tras explicar que la tasa de empleo de este colectivo es del 34%, más de 30 puntos inferior a la que corresponde a la población sin discapacidad, afirmó que siete de cada diez contratos específicos a estas personas se hicieron a través de un centro especial de empleo, como revelan los datos publicados por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de la Fundación ONCE.
Calificó de “materia pendiente” la creación de empleo y la integración en el mercado ordinario de estas personas, “a pesar de los grandilocuentes anuncios prometidos en la Estrategia Madrid por el Empleo”.
Asimismo, aseguró que “la apuesta por la formación de las personas con discapacidad desarrollada en los últimos años no ha arrojado los resultado pretendido: su integración en el mercado laboral".
La diputada socialista calificó de "preocupante que se haya dejado de ejecutar un 30% del presupuesto asignado en 2015 al programa de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad, lo que ha permitido subvencionar solamente 251 puestos de trabajo".
A su juicio, “la realidad del día a día de las personas con discapacidad dista mucho de los resultados triunfalistas publicados recientemente en la evaluación del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2012-2015”.
"Los datos demuestran que, en los últimos cuatro años de gestión del PP en Madrid, el acceso a la empresa ordinaria es una utopía para las personas con discapacidad", añadió.
Afirmó que para el PSOE, “el empleo es el primer paso en la transición hacia una vida independiente y el camino para lograr la plena inclusión en la sociedad”.
Por ello, exigió al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes “que se tome con responsabilidad los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y firmada por España el 30 de marzo de 2007”.
“Estos mandatos forman parte del ordenamiento jurídico español, siendo un referente de interpretación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al conmemorase su décimo aniversario”, concluyó.