MADRID. CIUDADANOS PIDE “VELAR POR LA LIMPIEZA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS” EN EL ACCESO A LA CARRERA ACADÉMICA Y EN LA GOBERNANZA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid María Teresa de la Iglesia ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a “incluir en el anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior mecanismos destinados a velar, de manera determinante y dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, por la limpieza y las buenas prácticas en el acceso y el desarrollo de la carrera académica del personal docente e investigador así como de la gobernanza de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid”.
Ciudadanos plantea también “reforzar el papel de los Consejos Sociales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento del objetivo indicado en el apartado anterior"
La iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que “los ciudadanos de las sociedades democráticas esperan de sus representantes públicos en todos los niveles un mayor compromiso con sus representados, es decir, un mayor compromiso con la honestidad y el buen hacer diario todo ello sometido a los principios de transparencia y rendición de cuentas”. Asimismo, destaca que son “múltiples los indicadores que invitan a una reflexión sobre las buenas prácticas en el ámbito académico dentro de la Comunidad de Madrid”.
Para Ciudadanos, “el hecho de que ninguna universidad madrileña aparezca en posiciones destacadas en los principales rankings universitarios del mundo junto con las últimas informaciones que estarían apuntando a un presunto caso de plagio académico por parte del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, exigen una reflexión conjunta por parte de la sociedad madrileña en busca de soluciones que mejoren la limpieza en el desarrollo profesional de los docentes e investigadores de nuestras universidades, así como de los sistemas de gobernanza de las mismas”.
Tras reconocer que la universidad española “goza del derecho de autonomía, constitucionalmente reconocido”, la parlamentaria expone en la inciativa que “esa autonomía no puede eximir a los poderes públicos de seguir colaborando para contribuir a la excelencia del sistema universitario, menos aun cuando esa contribución existe ya de forma explícita a través de las partidas económicas previstas en los presupuestos públicos y que suponen la mayor fuente de ingresos de las universidades públicas”.