Canarias autoriza el gasto en personal de las enseñanzas concertadas hasta el curso 2022-2023

Para ello, se destinará un gasto anual de 31,71 millones de euros para el gasto en personal de las etapas de Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programa de Garantía Social y Ciclos Formativos de Grado Superior. En el año 2017, el gasto autorizado es de 10.570.436,21 euros y en el año 2023, de 21.232.487,26, al no abarcar los cursos escolares mencionados el año completo.

Para el personal de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial, el gasto autorizado es de 101,59 millones de euros anuales, a excepción de los años 2017 y 2023, como en el caso anterior. En el primero de los años, el gasto autorizado es de 33,82 millones de euros, mientras que, en el segundo, es de 67,9 millones de euros.

Además de la adaptación a la normativa estatal que deriva en la modificación de la duración del concierto educativo desde los cuatro, hasta los seis años, la renovación del mismo, según ha precisado el Ejecutivo, "apenas contempla otros cambios frente al vigente hasta ahora, salvo la obligación de la tramitación telemática de los procedimientos para las personas físicas o jurídicas titulares de los centros, algunos cambios en los plazos para realizar procedimientos y la constatación en la normativa de algunas ratios que se venían aplicando".

Así, el concierto para los cursos 2017-2018 al 2022-2023 recoge las mismas ratios que la Orden de 9 de julio de 2013, salvo en Educación Especial, en la Formación Profesional Básica (FPB) y en los Programas de Formación Profesional Básica Adaptados (PFPBA).

En Educación Especial se mantienen las mismas ratios mínima-máxima de 5-7 para básica y 6-10 para tránsito, pero si la unidad está ubicada en un centro ordinario (aula enclave) las ratios serán 3-6 y 4-7 respectivamente; de esta forma el concierto recoge las ratios que se llevan aplicando en los centros públicos y que se aplicaban igualmente en los centros concertados, pero que no estaban expresamente recogidas en la normativa.