Así lo pone de manifiesto el dictamen del Consejo Escolar al proyecto de orden por el que se regula la realización de la evaluación final de educación primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), al que ha tenido acceso Europa Press.
Concretamente, este decreto se refiere a la actuación del Gobierno en Ceuta y Melilla, pero las comunidades autónomas suelen tomarlos como modelo para la aplicación en su propio territorio. El informe fue aprobado con la oposición de CEAPA, StEs y FSIE, que anunciaron la presentación de votos particulares, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo.
El Consejo no ha dictaminado, sin embargo, la resolución que regula las mencionadas pruebas de acceso, publicada en el BOE el pasado 15 de abril y avanzada el pasado lunes por Europa Press. Fuentes del Consejo han explicado que el MECD ha asegurado que se pactaron con las CC.AA aunque estas fuentes consideran que, debido a su rango, deberían pasar también a ser dictaminadas por este órgano.
En todo caso, el proyecto de orden del Gobierno sobre la evaluación de sexto de Primaria para Ceuta y Melilla sí recoge en su artículo 11 que "las pruebas y cuestionarios de contexto serán en todo caso anóminos y vendrán identificados por un código que sólo el centro docente podrá relacionar con el alumno, garantizándose este anonimato en todas las fases de la evaluación".
El Consejo Escolar añade que hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de la fiabilidad de la información resultante de la encuesta, que "no parece adecuado" que los cuestionarios de contexto sobre aspectos relacionados con temas tan delicados e incluso más imprecisos desde la óptica de niños con edades comprendidas entre 11 y 12 años -como son las circunstancias socioeconómicas y culturales del alumnado y de su entorno- deban ser respondidos por los propios alumnos y alumnas interesados.
"Existe, pues, un claro inconveniente relacionado con la eventual carencia del suficiente conocimiento de los alumnos respecto a la problemática de tales entornos dada la edad de los mismo", agrega.
Además, advierte de que, al no garantizarse plenamente el anonimato, las respuestas ofrecidas pudiera no corresponderse plenamente con la realidad existente en los entornos respectivos y estar influenciados por las posibles resistencias del alumnos a poner en evidencia la existencia de entornos desfavorecidos o problemáticos de carácter personal.
En consecuencia, considera que las circunstancias indicadas podrían "hacer disminuir el valor y fiabilidad de estos cuestionarios" y, con ello, su idoneidad para servir de instrumento para contextualizar los resultados de las evaluaciones, tal y como está previsto en el proyecto de la norma. "Índices socioeconómicos mal determinados introducirían errores gruesos en las correcciones del impacto del nivel socioeconómico y sociocultural sobre los resultados de la prueba", alerta. Por todo ello, sugiere reflexionar sobre estos aspectos.
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