Diputados del PSOE y Podemos apoyan una campaña para romper los acuerdos con el Vaticano

  • Apoyaron este martes la campaña de Europa Laica para abolir los acuerdos del Estado español con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.

    Afectan, entre otras cuestiones, a la enseñanza de la asignatura de Religión en las escuelas y la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos.

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EUROPA PRESS
L.I.

Diputados del PSOE y Unidos Podemos apoyaron este martes la campaña de Europa Laica para abolir los acuerdos del Estado español con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979, que afectan, entre otras cuestiones, a la enseñanza de la asignatura de Religión en las escuelas y la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos.

La campaña ya ha reunido alrededor de 50.000 firmas para pedir, principalmente, que el futuro Pacto de Estado por la Educación en España no establezca ningún beneficio para Iglesia católica y que, por tanto, esta asignatura quede fuera de los currículos escolares.

“En modo alguno cabe esperar que una nueva ley educativa de carácter democrático pueda garantizar la laicidad exigida del marco escolar para el respeto al derecho y formación de la libre conciencia del alumnado de mantenerse la vigencia de dichos acuerdos y los posteriormente firmados con otras confesiones religiosas”, explicaron los convocantes.

Aseguran que “los acuerdos con la Santa Sede firmados por el Estado español en 1976 y 1979, en continuidad y actualización del Concordato de 1953, vulneran ese principio amparando legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.

Europa Laica y varias organizaciones que secundaron la protesta -como los sindicatos UGT y CCOO o la Marea Verde de Madrid- desplegaron una pancarta frente al Congreso de los Diputados, acción a la que se unieron algunos parlamentarios de Unidos Podemos y el PSOE.

A lo largo de la protesta se corearon consignas en contra de los conciertos educativos y de los “privilegios” de los bienes inmuebles de la Iglesia. “El principio democrático de la separación entre las religiones y Estado, de sus ámbitos, fines y funciones, exige de las instituciones públicas su entera independencia con respecto a intereses privados”, manifestaron.

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