DISCAPACIDAD. FAMMA RECLAMA A LA ADMINISTRACIÓN QUE REFUERCE SU COMPROMISO CON LA NUEVA GESTIÓN DEL 0,7% DEL IRPF

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) reclamó este lunes a la Administración que refuerce su compromiso con el tejido asociativo para “no romper con los programas de atención a este colectivo” y que las federaciones “continúen siendo las canalizadoras de sus proyectos tras la nueva gestión del 0,7% del IRPF”.
Así lo solicitó Famma y sus entidades miembro, que se reunieron para abordar la nueva realidad de ayudas que la Comunidad de Madrid recibirá del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad derivada de la recaudación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que ahora deberá gestionar.
En una nota informativa, la federación señaló que “las asociaciones que atienden a miles de personas con discapacidad física y orgánica en la región se encuentran muy inquietas porque no saben qué será de la continuidad de sus programas, tras el nuevo paradigma que obliga al Estado a derivar los recursos del 0,7% de IRPF a las comunidades autónomas para seguir atendiendo las necesidades de las personas”.
“Hablamos de actuaciones vitales para las personas con discapacidad física y orgánica en la región. Las asociaciones de la federación también entienden la entrada de nuevos proyectos, si se protege la atención de los servicios que ya vienen percibiendo miles de personas a través de sus programas, solo que anteriormente se canalizaban a través de las organizaciones estatales”.
En este sentido, Famma pidió replicar el modelo que se venía desarrollando con el Ministerio a través de sus entidades estatales, porque “está demostrado que funcionaba”.
Hasta ahora, el Gobierno estatal era la única administración encargada de gestionar la recaudación de la X Solidaria de la declaración de la renta. Pero el Tribunal Constitucional dio la razón a la Generalitat de Cataluña ante el recurso contencioso administrativo que interpuso por invasión de competencias y la sentencia 9/2017, de 19 de enero de 2017, ha obligado al Ejecutivo nacional a diseñar un nuevo modelo de reparto en base a las competencias en materia de servicios sociales que debe ejecutar cada comunidad autónoma.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado un reparto mixto y una comisión delegada ha decidido que el monto se dividirá en un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%. De esta manera, las comunidades serán las encargadas de conceder la mayor parte de estas subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
El presidente de Famma, Javier Font, aseguró que “desde Famma reclamamos que se ha de preservar y proteger lo que está funcionando, porque hay muchas personas que dependen de nosotros y porque el tejido asociativo, de otra manera, quebraría por sus responsabilidades contractuales asumidas al tener contratadas, desde hace años, las plantillas de trabajadores que atienden a estas personas”.