La institución considera que dicho protocolo debería establecer los indicios específicos para considerar a un menor víctima de trata, indicios que, en su opinión, tienen que ser conocidos por cualquier autoridad que tenga contacto con estos niños y niñas.
Igualmente, exige que los menores que acceden de manera irregular a España junto a adultos indocumentados sean considerados "siempre" en situación de riesgo, y valora "positivamente" que desde 2013 la Comisaría General de Extranjería y Fronteras registre los datos de los menores que acceden de manera irregular a España, y los relacione con los adultos que los acompañan. Sin embargo, advierte de que estos datos "deberían compartirse" con los cuerpos nacionales de otros países, para evitar la desaparición de estos niños y niñas.
Para el Defensor del Pueblo es "imprescindible" revisar el procedimiento utilizado para la detección de potenciales víctimas de trata entre los inmigrantes que intentan acceder irregularmente a España.
Por ello, recuerda que ante una posible víctima de trata se debe establecer dos fases diferenciadas: la primera para el restablecimiento de las presuntas víctimas, que necesitan sentirse seguras y recuperarse física y psicológicamente; y la segunda para la reflexión, para que decidan si desean cooperar con las autoridades.
La institución señala que en 2012 presentó el informe 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles', en el que se recogían un centenar de investigaciones, entrevistas con 59 víctimas y se detallaban varios casos reales.
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