La fiscalía mexicana consideró improcedente la denuncia que presentó un ciudadano en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, acusándolo de fraude en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
"La Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la consulta de no ejercicio de la acción penal", dijo la dependencia este martes en un breve comunicado.
El denunciante José Antonio Ortega -presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación independiente de organizaciones civiles e instituciones que buscan incidir en la política de seguridad pública- "no presentó pruebas" que sustentaran su acusación de un mal uso de los recursos pagados por el estado mexicano por la investigación de la CIDH, precisó a la AFP una fuente de la fiscalía.
De este modo, la dependencia notificó formalmente de esta circunstancia a la secretaría de Gobernación el lunes.
Después de haber denunciado una "campaña de desprestigio" en México contra el grupo de expertos independientes de la comisión (GIEI) que investigó la presunta matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el mexicano Álvarez Icaza había dicho que la denuncia en su contra mostraba el regreso a ese país del autoritarismo.
"Si continúa esa averiguación previa, es un claro mensaje del regreso al México autoritario y de ataque a los defensores de los derechos humanos", manifestó Álvarez el pasado 30 de marzo.
El GIEI fue formado por un acuerdo entre el estado mexicano, la OEA y la propia CIDH, para tratar de descubrir qué ocurrió con los 43 estudiantes de una escuela rural en Ayotzinapa, que fueron atacados por policías en la localidad de Iguala (Guerrero, sur) la noche del 26 de septiembre de 2014.
La versión oficial de los hechos dice que los policías entregaron los chicos a un grupo de narcotraficantes que los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, el GIEI desmontó esta versión en su informe, señalando que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.
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