La intención, según ha indicado a Europa Press la vicepresidenta de la asociación, María Isabel Uncala, es recabar el respaldo de aquellos organismos que tienen estas competencias de actuación respecto a un decreto-ley.
"Hemos encargado un estudio jurídico y hemos visto que es lo máximo a lo que podemos aspirar", señala Uncala, que argumenta cómo, a juicio del colectivo, la administración andaluza se ha "saltado" el Estatuto al establecer ese decreto como de medidas urgentes. Por ello, han pedido el "amparo" de estas instituciones, "únicos organismos que pueden actuar".
En esta línea, Escuelas Infantiles Unidas cuenta con que a nivel andaluz "todos los partidos políticos nos han apoyado", por lo que esperan que desde Andalucía "se trabaje a nivel nacional para que en Madrid se estudie el caso y se inicie el proceso de inconstitucionalidad".
Uncala ha criticado específicamente la postura del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, "que prometió que convalidaban el decreto porque se iban a cambiar las bonificaciones: esperamos que cumpla con su compromiso".
Por otra parte, Escuelas Infantiles Unidas ha llevado al Defensor del Pueblo, y estudia hacer lo propio con Fiscalía, la situación de "desprotección total" en la que consideran que quedan los menores y las familias de éstos que contratan los servicios de ludotecas.
Por último, Uncala ha criticado las "confusas" instrucciones de la Consejería de Educación respecto a centros con listas de espera en un tramo de edad, pues, a pesar de haber muchos que cuentan con clases vacías en otros tramos, no se les permite hacer modificaciones mientras haya vacantes en área de influencia, lo que "está creando un malestar grandísimo, ya que no se respeta la libre elección de centro".
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