INCENDIOS. UN INFORME DE LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS URGE UNA NUEVA POLÍTICA ANTIINCENDIOS BASADA MÁS EN LA PREVENCIÓN

España necesita con urgencia un nuevo modelo de lucha contra los incendios forestales, que apueste más por la inversión en prevención y que supere el enfoque actual, volcado “casi en exclusiva en un avanzado y eficaz dispositivo de extinción”.
Esta es la conclusión del capítulo sobre ‘La política española de lucha contra los incendios’ incluido en el ‘Informe sobre Sostenibilidad en España 2017’, hecho público este miércoles por la Fundación Alternativas.
La autora del capítulo es Lourdes Hernández, de la organización ecologista WWF España, que resume con estas palabras el sentir mayoritario que, a su juicio, tienen los expertos sobre el modelo vigente en España de lucha contra el fuego en el monte: “Como no se cambie urgentemente el enfoque para combatir los incendios, no se podrán mantener las tendencias decrecientes en número de incendios y superficie afectada por más de una o dos décadas. Si no se aborda el verdadero problema de vulnerabilidad del monte, más tarde o más temprano, las altas temperaturas y las perturbaciones extremas generarán episodios verdaderamente catastróficos que superen a todos los dispositivos”.
"CAMBIO INNECESARIO"
Lourdes Hernández apunta que la prevención “ha quedado en un claro segundo plano frente a la extinción”. De media, las administraciones reservan más del 80% de las inversiones de lucha contra los incendios a extinción, frente a apenas un 20% destinado a prevención.
Y las medidas preventivas son, en realidad, infraestructuras de protección o actuaciones de apoyo a las labores de extinción, ya que fundamentalmente incluyen acciones como el acondicionamiento de caminos y pistas forestales, líneas cortafuegos, puntos de agua o bases para medios aéreos, señala la responsable de WWF España.
Añade que los ecologistas llevan años defendiendo que el impacto de los grandes incendios podría reducirse detectando cuáles son las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI). La Ley de Montes exige desde el año 2003 a las comunidades autónomas que las declaren en sus territorios y aprueben medidas concretas de prevención. Sin embargo, transcurridos 13 años desde esta disposición, y teniendo en cuenta el impacto creciente de los grandes incendios, “resulta incomprensible que no todas las comunidades autónomas hayan identificado aún las ZARI en sus territorios, y que aquellas que
sí han avanzado en este sentido no lo hayan hecho en base a unos criterios homogéneos”, observa Hernández.
Otro aspecto negativo que refiere el informe de la Fundación Alternativas es la modificación “innecesaria” que se hizo de la Ley de Montes en 2015, una norma que “ha encontrado el rechazo unánime de propietarios, profesionales forestales y grupos de conservación”, porque “ofrece una mayor permisividad para cambiar de uso terrenos quemados, desregulariza los
aprovechamientos forestales y desvaloriza a los agentes forestales y medioambientales, un colectivo fundamental para la protección de los recursos naturales”.