El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha criticado que el Gobierno central se resista a derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y haga imprescindible la Selectividad para lograr el título de Bachillerato, "por lo que sería obligatoria para todos los estudiantes, incluso para aquellos que no van a ir a la universidad, a pesar de tener los dos años de curso aprobados".
Ramírez de Arellano ha valorado el logrado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con el Ministerio de Educación por el que se mantiene la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el acceso a la educación superior en todas las universidades españolas, en lugar de la posibilidad que abre la Lomce a que las universidades realicen pruebas específicas.
En este sentido, el titular de Economía ha recordado en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta del PSOE, que Andalucía "ha sido muy crítica en esto y puso encima de la mesa un modelo al que ahora se van a adherir el resto de comunidades españolas".
Ha recordado que, en concreto, el Gobierno andaluz suscribió, en otoño de 2015, un acuerdo con las universidades públicas andaluzas para mantener la Selectividad y el sistema de Distrito Único Andaluz "en pro de la certidumbre e igualdad de oportunidades". La Junta trasladó este acuerdo a la CRUE, que transmitió su deseo de que el mismo tuviera reflejo en el ámbito nacional.
Para Ramírez de Arellano, el acuerdo andaluz y el de la CRUE "pone certidumbre ante la falta de respuestas concretas del Ministerio de Educación, que no ha desarrollado los decretos que podían hacer efectiva esta prueba y mantenían a los estudiantes en una situación de incertidumbre", además de "preservar la igualdad de oportunidades, el anonimato y el mérito en el derecho de acceso a la universidad".
Con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha añadido, "estos principios se cumplen, pero con el modelo Lomce, las universidades eligen a su alumnado y eso menoscaba la igualdad de oportunidades".
A pesar del acuerdo, el consejero ha señalado que el Gobierno central "se resiste a derogar la Lomce, por lo que la prueba general de Bachillerato sigue existiendo, aunque esa prueba sea la PAU" y mantiene una "sinrazón máxima al ser imprescindible esa prueba para lograr el título de Bachillerato".
Esta situación, ha recordado, se deriva de "una ley apresurada, no consensuada, y que el Gobierno de España no ha sido capaz de poner en marcha como quería por la oposición y contestación de los agentes educativos".
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