Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Gobierno autonómico, que han precisado que se trata de un "estudio exhaustivo" con el objetivo de realizar un plan de necesidades en el que se contemplen las actuaciones para su retirada escalonada, con un orden de "prioridades".
En este sentido, han agregado que a primeros de verano se remitió un informe a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) que se va "adaptando" en tanto se avanza en esta labor de evaluación y se detectan equipamientos con presencia de amianto.
Esta labor de inspección e inventariado se enmarca en plan anunciado por la Junta para la eliminación paulatina del amianto presente en las infraestructuras educativas de la comunidad autónoma. Sin embargo, desde la Junta se ha detallado que "desde hace diez años se viene haciendo este tipo de actuaciones".
Han apuntado que se actúa en aquellos casos en los que hay riesgo de desprendimiento de fibras, como por ejemplo en el IES Doctor Francisco Martín de Siles, donde la cubierta del pabellón estaba deteriorada y se cambió al finalizar el curso. Este verano también se ha retirado material con amianto en el colegio Ramón Calatayud de la capital aprovechando las obras de reforma ejecutadas de cara a su fusión con el colegio Peñamefécit en el nuevo curso.
Junto a ello, en Navidad se prevé actuar en el colegio San José Artesano de Torreblascopedro, donde el Ayuntamiento ya ejecutó una primera intervención. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se ha afirmado que es un proceso "lento", ya que las intervenciones deben realizarse fuera del periodo escolar.
Han incidido, igualmente, en que la mera presencia de fibrocemento no debe ser motivo de alarma para la comunidad educativa. Sólo si el material se manipula, perforándolo o cortándolo, o en menor medida si se rompe, puede haber riesgo de desprendimiento de partículas de amianto.
60 MILLONES
La Junta de Andalucía anunció el pasado 5 de julio que destinará 60 millones de euros al plan de retirada progresiva del amianto en unas 220 infraestructuras públicas educativas de la comunidad, lo que supone un tres por ciento de los centros escolares públicos andaluces.
Tendrá dos fases y se prolongará hasta 2022 para hacerlo compatible con la actividad escolar, ya que solo se pueden retirar los materiales en vacaciones. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica.
Además, este mismo año se acometerá por vía de urgencia intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. La segunda etapa, que se desarrollará entre 2021 y 2022 con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas.
El Gobierno andaluz señaló al respecto que con anterioridad ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros "con absoluta normalidad y más por prevención que por riesgo para la salud".
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