Maeztu alerta de "deficiencias" en la prestación sanitaria a presos por un modelo dual que "rompe" la atención integral

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado de "deficiencias" en la atención sanitaria prestada a las personas reclusas, cuyo origen, asegura, está en el modelo del sistema organizativo basado en la dualidad y que hace que estas persona enfermas deambulen entre la sanidad penitenciaria y el Servicio Andaluza de Salud (SAS), lo que provoca una "ruptura" de la atención integral.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe Especial relativo a las unidades de custodia hospitalaria presentado este jueves por el Defensor en la Comisión de Salud en el Parlamento, una presentación que viene precedida por una jornada celebrada este martes en Sevilla sobre 'Las unidades de custodia hospitalaria y la asistencia sanitaria especializada para personas internas en prisión'.

El modelo de asistencia sanitaria "es complicado y mejorable", ha señalado Maeztu, que aclara que la atención primaria está a cargo de IIPP en los centros dotados con recursos de nivel asistencial básico, pero la especializada se hace a través del SAS, y apunta que para cuando estos reclusos necesitan ingreso hospitalaria están habilitadas las unidades de custodia hospitalaria de la que existen diez en toda Andalucía, y que han sido visitadas por la Defensoría.

Así, precisa que el objetivo inicial del informe "se ha ido ampliando" conforme "conocíamos los servicios que se prestan", toda vez que asegura que "se ha pretendido conocer la respuesta que estas personas reciben desde el SAS, pero sin olvidar directa implicación de IIPP" y "hemos indagado una realidad más amplia y compleja". No obstante, aclara que tras la visita a estas unidades "no pudimos apreciar sesgo que negara el acceso de estos enfermos a la atención especializada".

Pero "hay matices", añade, ya que "hemos apreciado problemas que afectan a la accesibilidad a los servicios por razones relacionadas con el modelo del sistema organizativo", que provoca "una laguna en la asistencia sanitaria", ya que "los sistema informativos del SAS no están debidamente relacionados con los centros penitenciarios", y

"la petición de cita y la consulta de especialidades se hace de manera diferente en cada hospital". Además, cada hospital realiza el sistema de visita a la prisiones "de manera particular", por lo que a juicio del Defensor "faltan protocolos de trabajo en común".

Asimismo, Maeztu destaca la actitud de implicación profesional de la mayoría del personal sanitario y penitenciario, pero "este ánimo de colaboración no puede suplir criterios de coordinación institucionales que son insuficientes", ya que "este diseño dual provoca ruptura en la atención integral del enfermo, que deambula en dos sistemas sanitarios".

Se trata, según el Defensor, de "dos escenarios independientes, de dos administraciones diferentes, prisión y hospitales, que requieren más acuerdos específicos de colaboración, que están paralizados desde 2013", y, añade, "a día de hoy no hay convenio en vigor" entre IIPP y la Consejería de Salud.

No obstante, Maeztu afirma que "a pesar de la expiración del último convenio contamos con el compromiso de la Consejería de haber dado instrucciones a hospitales del SAS para que se siguiera prestando asistencia sanitaria a todas las personas en la cárceles", y ha recordado la dos principales problemáticas en materia de salud entre la población reclusa como son la hepaticis C y la enfermedad mental.

En este sentido, ha señalado que la prevalencia de patologías mentales entre la población reclusa "es cinco veces superior a la población en general", mientras que en el caso de la hepatitis C, y según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, "entre la población reclusa la tasa de infectados es superior al 25%".

De este modo, Maeztu insiste en la necesidad de avanzar en los sistemas de coordinación y ha señalado que línea de trabajo pasa por "un diagnóstico, un tratamiento y una prescripción integrado y coherente en un único sistema".

PIDE CON "URGENCIA" EL CONVENIO ENTRE EL SAS E IIPP

Por último, Maeztu se ha referido a las conclusiones principales a las que se llegó tras las jornadas del pasado martes. La primera, la oportunidad del Informe porque "aborda una situación que necesita un impulso importante"; la segunda, pedir con urgencia el convenio entre el SAS e IIPP "actualizado y mejorado"; y que "el camino a seguir es el señalado por la Ley, avanzar hacia la integración del sistema penitenciario en los servicios comunes del SAS".

Por su parte, el grupo parlamentario del PP ha asegurado que "hay muchos problemas para concebir a una persona en prisión como enfermo-paciente", porque "no se ha llegado a interiorizar". Además, se refiere "a los problemas" que hay en las cárceles para la atención especializada y con la atención a los enfermos mentales, y concluye que la solución "es que se aplique la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que se conjugue el servicio sanitario con el penitenciario".

Por su parte, desde Podemos denuncian que el sistema de salud a los presos "está bastante deteriorado" y dice que en los centros penitenciarios "se encuentran enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior". Además, apunta que en los centro penitenciarios "la asistencia es deficitaria, no se garantiza la asistencia integral y la consulta especializada es escasa", que en Andalucía "no se ha incentivado nunca a los profesionales para entrar en prisión de forma voluntaria" y que "falta conducción policial en muchas prisiones".

Ciudadanos se refiere durante su intervención "al porcentaje elevadísimo" de la prevalencia de la enfermedad mental en la cárceles, a lo que el sistema sanitario "tiene que prestar especial atención", al tiempo que valora "el esfuerzo y la implicación" de los profesionales a la hora de atender a los reclusos. Además, señala "falta de profesionales especializados, atención desigual por provincias y no siempre un acceso igual a los medicamentos que el resto de ciudadanos".

IU, por su parte, asegura que "la Ley de 2003 marca con total claridad la superación del problema organizativo y que ubica la mayor parte de los problemas", toda vez que ha mostrado su preocupación por las personas con enfermedades mentales y "la escasa respuesta para hacerles un seguimiento". Además, dice que la atención a esta personas presas "no puede quedar al albur del compromiso de los sanitarios para que sea más equitativa o menos", y reconoce la labor de estos.

Por último, el PSOE entiende que la mejora en la atención sanitaria a los presos en las cárceles "pasa por la colaboración entre instituciones dejando claro que en ningún caso los pacientes deben sufrir la falta de cobertura necesaria", y destaca que en la unidades de custodia hospitalaria "se lleva a cabo un excelente trabajo por parte de los profesionales y se presta una atención idéntica a la de cualquier otro ciudadano".