PSCyL pide a Rey que, por "coherencia", recurra ante el TC el Real Decreto sobre evaluaciones de ESO y Bachillerato

El Grupo parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha pedido al consejero de Educación, Fernando Rey, que por "coherencia" recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros sobre las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Así lo ha trasladado el portavoz socialista en Educación, Fernando Pablos, quien en rueda de prensa ha recordado que dado que Rey "discrepó" en su momento con el planteamiento de la reválida en 4º de la ESO por considerar que en esa etapa los alumnos requerían asesoramiento y no una prueba, ahora tendría que recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Constitucional "si es coherente".

Pablos ha advertido de que los estudiantes se jugarán "seguir en Bachillerato" a una sola prueba (la media de ESO tiene un peso del 70 por ciento y la reválida el 30 por ciento, aunque existe obligación de aprobarla para continuar con el Bachillerato) y de que esta prueba determinará el acceso a la universidad con criterios de igualdad.

Tras explicar que en caso de no aprobar los jóvenes podrían acudir a FP Básica "o dejar de estudiar", el portavoz socialista en Educación ha aseverado que un "Gobierno en funciones" no puede dar luz verde a una norma "tan trascendente" como esta, que sitúa la puesta en marcha de las evaluaciones de ESO (alumnos de 15 y 16 años) y Bachillerato (17 y 18 años) en 2017 aunque no será hasta 2018 cuando tengan que aprobarla para obtener el título de la ESO.

PLAZAS DE MAESTROS

Asimismo, Fernando Pablos ha pedido a la Consejería de Educación que, ante la adjudicación definitiva de plazas de las oposiciones de maestros este miércoles, se trasladen a la convocatoria general las reservadas para personas con discapacidad que no se cubran.

El PSCL ha recibido sugerencias de "numerosos opositores" centradas precisamente en esta petición, en el traslado de las plazas reservadas para personas con discapacidad que no se ocupen a la convocatoria general para así favorecer la "estabilidad" en el empleo y la mejora de la calidad educativa.

Tras recordar que en 2011 ya se procedió de este modo, lo que permitió no perder las plazas para discapacidad no ocupadas, Pablos ha recordado que en el año 2013, en cambio, se amortizaron, tal y como lo fijaba la propia convocatoria, por lo que dado que en esta ocasión no se ha precisado cómo se decidirá, ha reclamado a la Consejería que no se amorticen.

"Los que se quedan fuera es a veces por milésimas", ha precisado antes de considerar "justa" la demanda de los opositores.

ACUERDO CON LOS RECTORES

Por otro lado y como ya lo hiciera la semana pasada, se ha referido al acuerdo rubricado por la Junta con las universidades públicas y privadas de la Comunidad con el que se "consolidó la deslealtad" de las segundas, que pidieron acreditación para diferentes títulos sin tener en cuenta aspectos como las redundancias y a las que se ha "premiado".

Fernando Pablos, quien ha mostrado su deseo de que Fernando Rey comparezca "en la primera semana de septiembre", ha atribuido la "deslealtad" a la posibilidad que se brinda a las privadas de aprobar grados y másteres y a las públicas, sólo másteres, y ha criticado el acuerdo para posponer hasta el curso 2018/2019 la fórmula 3+2 "porque no es novedad" así como el compromiso de cambio de la Ley de Universidades dado que "no tiene fecha".

El procurador ha insistido en que la firma de dos documentos separados con las públicas y las privadas no puede "producir satisfacción", algo que a su juicio ha ocurrido con los rectores de las cuatro universidades públicas, quienes no denunciaron esta situación el día de la firma "por una cuestión de respeto institucional", ha asegurado.

Asimismo, si los rectores de las públicas no dijeron nada fue porque el acuerdo tiene también para ellos "un beneficio pequeño", que es la posibilidad de incorporar a su oferta de titulaciones nuevos másteres.