Sánchez Rubio exige una estrategia nacional para la lucha contra la pobreza y la exclusión social

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha vuelto a reclamar en sede parlamentaria una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que incluya una batería de medidas que configure, entre otras, "un verdadero sistema nacional de rentas mínimas". En este sentido, ha matizado que "lo importante es desarrollar un sistema fiscal progresivo" acompañado de otras medidas como unas "adecuadas políticas activas de empleo, una subida del salario mínimo interprofesional y, en resumen, acabar con la precariedad laboral", asuntos que son competencia del Estado.

Sólo con las políticas puestas en marcha por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, más de 145.000 niños se benefician este año de las medidas destinadas a favorecer la inclusión social como el Programa de Ayuda a la Contratación, el refuerzo de comedores escolares, las escuelas de verano, el ingreso mínimo de solidaridad o las ayudas económicas familiares, todas ellas incluidas en la Alianza.

Sánchez Rubio ha abordado este asunto en la Comisión Parlamentaria, en la que ha comparecido a petición propia para informar sobre la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, una iniciativa impulsada por la presidenta de la Junta en febrero de 2015 y que ha sido suscrita por 44 entidades públicas y privadas.

Son varias las reuniones que ha mantenido la Alianza, integrada por representantes de la Junta y de otras entidades públicas y privadas. La última, este mismo martes, donde la consejera ha informado del notable incremento del número de proyectos de iniciativas sociales subvencionados destinados a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía.

En este contexto, la consejera ha demandado una vez más al Estado, en el marco de sus competencias exclusivas, una ley de renta básica estatal que garantice la igualdad de todos los españoles, como hizo con la ley de dependencia. Sánchez Rubio ha fundamentado esta exigencia legal en la "obligación de los poderes públicos de garantizar al máximo la dignidad de los menores y sus familias".

Ademas, ha recordado que la Alianza ha sido ratificada y reforzada con el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020, aprobado por el Consejo de Gobierno en junio último.

MEDIDAS

Entre las medias puestas en marcha por la Consejería, ha informado que para el periodo 2016-2020 su departamento tiene aprobado una Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, que responde a la finalidad del Objetivo de "mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción", dotado con más de 169 millones de euros.

En lo que respecta a las Ayudas Económicas Familiares, en 2016 se han destinado 9,7 millones de euros, mientras que en 2015 las familias beneficiadas de estas ayudas fueron 15.121 familias y 27.938 niños.

Además, este año se siguen desarrollando las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía aprobadas en 2014. En este sentido, el Programa de Ayuda a la Contratación, gestionado por los Ayuntamientos, el presupuesto en 2015-2016 ha ascendido a 40 millones de euros anuales, lo que ha permitido 26.000 contratos anuales, mientras que el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social ha supuesto entre 2015 y 2016 una inversión de 12,6 millones.

En relación al Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, este programa ha supuesto entre 2015 y 2016 una inversión de 11,6 millones de euros. A su vez, la convocatoria de subvenciones asciende a 36,1 millones entre 2015 y 2016, mientras que en el Programa de Solidaridad en 2016 se presupuestan 90,6 millones y en 2015 se han beneficiado 51.657 unidades familiares.

MÁS DE 182.000 NIÑOS EN COMEDORES ESCOLARES EL PASADO CURSO

Igualmente, Sánchez Rubio ha resaltado las actuaciones que realizan otras consejerías como Educación, que atendió en el pasado curso a 182.349 niños en los comedores escolares, y Salud que cuenta con una línea de prevención y establecimiento de sistemas de alerta de malnutrición. Fomento y Vivienda desarrolla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para detectar supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucio.

Por parte de Justicia e Interior destacan la intervención sociosanitaria con personas migrantes de los asentamientos de Almería en colaboración con Médicos del Mundo y la atención a inmigrantes en zonas agrícolas de Huelva, entre ellos menores, en colaboración con Fundación Europea para la cooperación Norte-Sur y con Cáritas.

En el marco de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la consejera se ha referido a las ayudas al suministro de leche y otros productos lácteos al alumnado de centros escolares y las más de 16.207 toneladas de frutas y hortalizas donadas por las Organizaciones Productoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía a Bancos de Alimentos. De la Consejería de Empleo, Comercio y Empresa ha destacado las medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, entre otras.

La diputada popular Ana Vanessa García ha señalado que las medidas de servicios sociales son "bastante básicas", por lo que insta "a ser más ambiciosos", y se pregunta qué significa el apartado llamado gestión de excedente alimentario, cuando "hace solo un mes el PP trajo una PNL para reforzar el Banco de Alimentos de Andalucía y fue votada en contra". Además, denuncia la "lentitud" en la toma de decisiones, así como "más presupuesto, objetivos medibles y medidas concretas".

Desde Podemos, Jesús Romero aboga por "hacer un diagnóstico preciso" de la situación y por un debate real "para combatir y poner medidas concretas contra la pobreza infantil". "Hay que ser más exigentes", afirma, toda vez que defiende que "a cualquier alianza hay que destinar unos recursos concretos", por lo que, añade, "había comprometidos para la Alianza 367 millones para dos año, y queremos saber cómo se va aplicar en el presupuesto de 2017".

María Carmen Prieto, de Ciudadanos ha criticado que cuando hace año y medio se firmó la alianza se anunció "su urgentísima puesta en marcha y se dijo que no se escatimarían esfuerzos"; sin embargo, "apenas ha echado a andar y la comisión apenas se ha reunido", un extremo que la consejera niega.

IU PIDE UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA ABORDAR LA POBREZA

Elena Cortés de IU ha apuntado que distintas organizaciones que trabajan con la infancia "les han pedido abordar un pleno extraordinario en el Parlamento", toda vez que ve "bien que se abordasen programas integrales que combatiesen la situación de exclusión y desigualdad, pero sería fenomenal que dejásemos de producir pobres". En este sentido, explica que se ha presentado un enmienda al presupuesto para combatir esta situación, para que "el Consejo de Gobierno trabaje en una ley de renta básica" y "la cuantía que consignamos en los presupuestos son los 529 millones que el Consejo entiende que no va a ejecutar a lo largo de 2017".

Desde el Partido Socialista han criticado "las políticas de austeridad impulsadas por Europa y seguidas al pie de la letra por el Gobierno de Rajoy", que "ha agravado las situaciones de muchas personas", al tiempo que asegura que "no solo no se han corregido situaciones, sino que el Gobierno ha hecho que se extienda la pobreza en nuestro país en los últimos años".