La cancelación de cientos de cuentas bancarias de partidarios del Hezbolá aviva la tensión en Líbano, donde el movimiento chiita goza del apoyo de parte de la población y financia numerosas organizaciones caritativas.
Si los bancos "continúan por este camino" podrían acabar cerrando más de "10.000 cuentas", ironiza el economista Ghazi Wazni.
"Cualquier individuo vinculado al Hezbolá o empleado de una de sus organizaciones se vería afectado", agrega.
Las cancelaciones, iniciadas en mayo por orden del Banco Central, tienen como objetivo evitar sanciones estipuladas en una ley estadounidense adoptada en 2015 para obstaculizar la financiación del Hezbolá.
La ley sanciona a las instituciones financieras que "faciliten todo tipo de transacciones" para la organización o blanqueen sus fondos. También castiga a los bancos que posibiliten operaciones en beneficio de un centenar de entidades y de personalidades acusadas por el Tesoro estadounidense de vínculos con el Hezbolá.
Según los expertos, las medidas no perjudicarán sobremanera las finanzas del movimiento chiita, catalogado como grupo "terrorista" por Washington y que dispone de una "economía subterránea" (mercado negro) que escapa al sector bancario.
Pero lo puso en un aprieto: las medidas afectan a varios diputados y a algunas organizaciones de su red caritativa, escuelas y centros médicos, de los que se beneficia gran parte de la población.
En junio, el diario Al Ajbar - cercano al Hezbolá- anunció el cierre de las cuentas de un hospital del movimiento chiita y de una asociación que ayuda a familiares de sus soldados muertos en combate. "O sea cientos, o miles de cuentas", lamenta el periódico.
"Desde hace ya cuatro meses, cobramos el sueldo en efectivo, antes nos pagaban con cheque", afirmó un empleado de una organización del Hezbolá, que pide permanecer en el anonimato.
Las medidas han enfurecido al movimiento chiita, que acusa al gobernador del banco central Riad Salamé de "plegarse" a las peticiones de Washington. El jefe del Hezbolá, Hasán Nasralá, condenó a finales de junio "la agresión" de los bancos "contra los nuestros, nuestro público, nuestras familias".
"El Hezbolá se enfadó porque la presión ejercida sobre su base popular" repercute directamente en el movimiento, estima Wazni. "Se le responsabilizará de la cancelación de las cuentas de individuos, cuyo única culpa es la de ser hijo o hermano de uno de los directivos".
Frente al celo de las instituciones bancarias, el Banco Central intervino para ordenar la reapertura de las cuentas de los diputados y de algunas organizaciones caritativas, pero aclarando los criterios que se deben seguir.
"El banco central no quiere controlar todas las cuentas, sino sólo a los que realicen operaciones excepcionales que llamen la atención y que puedan usarse para financiar al movimiento", explica Hasan Mukalled, redactor jefe de una revista económica y mediador en este conflicto.
El tema es delicado. El secretario general de la asociación de bancos libaneses, Makram Sader, lo resume así: "Los bancos aplican la circular del Banco Central y los mecanismos de aplicación decididos por los órganos de control", informa.
El 12 de junio se cometió un atentado con bomba contra el Banco de Líbano y Ultramar (Blom Bank), uno de los más importantes del país.
El hezbolá fue creado en 1982 por los guardianes de la revolución de Irán, país que lo financia y arma desde entonces. "Recibimos (de Irán) dinero y no pasa por los bancos. (...) Ninguna ley puede impedirnos recibirlo", afirmó en junio Nasralá.
Mukalled estima que "hoy en día no se puede afirmar que el Hezbolá disponga de una economía estructurada (...) Existe una economía declarada y otra subterránea".
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