"No hay base legal para que China reclame derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos', asegura el tribunal, en alusión a una línea de demarcación establecida en un mapa de 1947.
Asimismo, el organismo concluye que las patrullas llevadas a cabo en la zona por parte de China han amenazado la integridad de los pesqueros filipinos y ha alertado de los daños causados en los arrecifes de coral por las distintas obras realizadas durante los últimos años.
La agencia de noticias oficial del régimen chino, Xinhua, ha tachado de "infundadas" las conclusiones de la corte, si bien su reacción no representa ninguna sorpresa habida cuenta de las advertencias que se habían venido lanzando en las últimas semanas.
El Gobierno de China ya había avisado de que no acataría el dictamen de la corte, en la medida en que entiende que no tiene jurisdicción para pronunciarse. "No aceptaremos ninguno de sus materiales, no importa cuáles sean", ha zanjado este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lu Kang.
El Ministerio de Defensa chino también había adelantado que, independientemente de la decisión llegada desde La Haya, las Fuerzas Armadas del gigante asiático seguirán "salvaguardando firmemente los intereses y derechos de soberanía nacional, de seguridad y marítimos" y respondiendo a "amenazas y desafíos".
Por su parte, el secretario del Ministerio de Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, ha pedido "contención y sobriedad" tras el veredicto y, aunque ha dicho que estudiará "detenidamente" el texto --de casi medio millar de páginas-- ya ha deslizado que lo "respeta".
EL CASO
China reivindica como propias la mayoría de las aguas del mar Meridional, ricas en recursos energéticos y pesqueros, y no ha dudado en defender su legitimidad frente al resto de países que también reclaman derechos soberanos: Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Las autoridades chinas han llegado a construir islas artificiales y envían patrullas marítimas de forma regular.
Filipinas llevó su caso a La Haya en 2013, en un intento por esclarecer el estatus legal de una serie de arrecifes, rocas e islas artificiales en el banco de arena de Scarborough y en el archipiélago de Spratly, así como por determinar los derechos que tiene cada uno de los países en aguas aledañas.
El tribunal aplica la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para determinar qué países tienen derecho a explotar ciertas aguas, en base a una generalización que plantea que la soberanía de unas islas garantiza a sus propietarios un radio de acción de hasta 12 millas náuticas.
Manila argumentó durante las vistas que ninguna de las islas o arrecifes de las Spratlys son lo suficientemente grandes como para garantizar una zona económica exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas. En cambio, en el caso de Scarborough alega que está incluida dentro de la ZEE correspondiente a la isla de Luzón y, por lo tanto, pertenece a Filipinas.
PREOCUPACIÓN
Unos cien miembros de un grupo nacionalista filipino se han manifestado este martes ante el Consulado chino en Manila para pedir a Pekín que acate la decisión del Tribunal de Arbitraje y renuncie a cualquier reivindicación futura, algo que sigue pareciendo lejano por el momento.
Japón, que al igual que Estados Unidos observa con preocupación esta controversia, ha llamado a la cautela por boca de su ministro de Defensa, Gen Nakatani. "Instamos a todas las partes implicadas a reaccionar de una manera que no aumente las tensiones", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.
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