Alonso defiende hoy la ley del tercer sector de acción social en el congreso

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, defenderá este miércoles el proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social en un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados para el que CiU, La Izquierda Plural, PNV y ERC han presentado enmiendas de totalidad con el fin de que no se tramite en el Parlamento y sea devuelto al Gobierno.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado 20 de marzo conjuntamente con el del Voluntariado, lo que conforman las dos primeras iniciativas legislativas sociales con Alonso como ministro.
El proyecto normativo sobre el Tercer Sector de Acción Social, inédito en la legislación española, emana del diálogo mantenido entre el Gobierno y las entidades, que pidieron una ley que regulara su actividad, a la que pertenecen cerca de 30.000 organizaciones.
El texto define el Tercer Sector de Acción Social como el conjunto de organizaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación.
Para reforzar este concepto, enumera los principios que deben guiar su trabajo, basados en la democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes.
DEUDAS
El proyecto refuerza la consideración de que el papel de las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social no puede, en ningún caso, diluir la responsabilidad del Estado, en tanto que incluye medidas relativas a la dinamización de la participación de las mujeres.
El texto del Gobierno señala que las ONG que realicen actividades de servicios sociales para comunidades autónomas y ayuntamientos recibirán el mismo trato que las empresas para cobrar las deudas que estas administraciones públicas contraigan con las organizaciones sociales.
El proyecto de ley indica que las entidades del Tercer Sector de Acción Social "gozarán de los máximos beneficios fiscales" y podrán acogerse al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y a los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que reporta mayores ventajas.
OPOSICIÓN
Sin embargo, Alonso se encontrará hoy con la oposición de cuatro grupos parlamentarios, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad del texto.
Así, CiU asegura que el proyecto de ley “genera confusión en materia competencial e inseguridad jurídica” y “puede llegar a lograr objetivos contrarios a los perseguidos”, en tanto que no recoge un incremento del gasto público para apoyar a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Por su parte, La Izquierda Plural destaca en su enmienda a la totalidad que “no todo es positivo” en el texto porque “olvida demandas y necesidades fundamentales” para las entidades, puesto que, entre otros motivos, deja fuera a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción y crea un estatuto de entidades colaboradoras con el Estado que podría perjudicar a las organizaciones locales y autonómicas.
El PNV aporta justificaciones en la línea de CiU, en el sentido de que la norma “excede” las competencias estatales e “interfiere, de forma inconstitucional”, en las potestades que las comunidades autónomas tienen en cuanto a la asistencia social. “De mantenerse esta concepción, el Estado provoca una interferencia brutal con las regulaciones autonómicas en la materia”.
Algo similar expone ERC en su enmienda a la totalidad: “No aporta absolutamente nada nuevo a un ámbito ya regulado por las comunidades autónomas en base a sus competencias más que la pretensión de recentralizar esas competencias, reforzada por el hecho de dar más poder de interlocución y recursos a las organizaciones de ámbito estatal en detrimento de aquellas de ámbito autonómico”.