Amnistía reprocha a sanidad que desatienda las recomendaciones internacionales y siga sin atender a los inmigrantes irregulares

Amnistía Internacional ha denunciado que España continúa excluyendo del servicio sanitario a las personas inmigrantes irregulares, por lo que desatiende las recomendaciones internacionales en el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma sanitaria.
De este modo, la organización criticó en un comunicado que el Gobierno español haya desoído las llamadas y expresiones de preocupación por la reforma citada reforma y que, por el contrario, ha continuado implementando la reforma y adoptando normas que, a juicio de la ONG, profundizan más en la exclusión sanitaria como la Orden SSI/1475/2014 que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.
La ONG alertó de que el importe económico que se establece para suscribir el citado convenio podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
A este respecto, Amnistía Internacional, junto a Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge, recordó que los estándares internacionales exigen la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud.
En el comunicado, la organización reseñó que en estos dos años el Ministerio de Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas, mientras que no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma en personas migrantes en situación administrativa irregular, así como en la identificación de mujeres víctimas de violencia de género y de trata.
También recordó que el incremento del copago farmacéutico y el hecho de que las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud tengan que abonar el cien por cien de la medicación están afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable.
Por todo ello, las organizaciones enviaron una carta a la ministra de Sanidad en la que pidieron al Gobierno que cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, y asegure la universalidad del derecho a la salud y el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes.