(ampliación) eta. El consejo de estado avala que los condenados por terrorismo no ocupen altos cargos en la administración

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó este viernes en rueda de prensa que el Consejo de Estado ha avalado esta medida, que pasará a formar parte de los requisitos incluidos en un estatuto de altos cargos políticos.
Sáenz de Santamaría señaló que las personas que accedan a un alto cargo de cualquier administración no podrán contar con "antecedentes por delitos de terrorismo". El Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria dos proyectos de ley que establecen los requisitos que deben cumplir los altos cargos y que incrementa el control sobre las finanzas de los partidos políticos.
Sáenz de Santamaría adujo que estas dos reformas constituyen "el núcleo esencial" de las medidas para luchar contra la corrupción que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace un año durante el Debate sobre el estado de la Nación.
Apuntó que estas dos reformas "no son las primeras y no serán las últimas" en esta línea para seguir apostando por la regeneración democrática y el principio de transparencia como "principio rector" de la vida política.
Con vistas al trámite parlamentario que ahora va a iniciarse, prometió que el Gobierno convocará a los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas y mantendrá con ellos "sucesivas reuniones" para buscar acuerdos y mejorar los proyectos legislativos.
4.080 PARTIDOS POLÍTICOS
La vicepresidenta explicó que el proyecto de ley de control de las finanzas de los partidos y el proyecto de ley de regulación de los altos cargos han recibido el visto bueno del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, aunque reconoció que este último ha introducido algunos matices de consideración.
Sáenz de Santamaría expuso como ejemplo que el Gobierno quería eliminar del registro de partidos políticos a las formaciones que no cumplieran con las obligaciones pertinentes, pero el Consejo de Estado lo ha rechazado al interpretar que eso supondría en cierto modo su ilegalización.
La vicepresidenta detalló que en España existen 4.080 partidos políticos apuntados en el registro correspondiente, de los cuales 2.502 no han remitido ninguna comunicación oficial desde el 1 de enero de 2004. "No tienen ningún tipo de actividad pero siguen registrados", indicó.
Señaló que el Ministerio del Interior remitió el año pasado una advertencia a cada uno de esos partidos políticos pero el servicio postal devolvió la correspondencia en todos los casos "por destinatario desconocido".
Por ello, dado que el Consejo de Estado no permite su cancelación como partidos políticos, indicó que la nueva ley contemplará que esos partidos no podrán emprender nuevas actuaciones sin cumplir con los procedimientos previos.
Además, confirmó que la nueva ley de financiación de los partidos políticos obligará a que las formaciones publiquen en su página web las cuentas, los créditos pendientes y las donaciones que reciben.
En adelante, sólo podrán recibir donativos de personas físicas y tendrán que publicar los nombres y apellidos de las personas que aporten más de 50.000 euros al año, dado que considera que esta cantidad ya es "relevante".
La nueva normativa prohíbe también la condonación de créditos bancarios, incluso de los intereses o la modificación de las condiciones para obtener ventajas por debajo de la media.
Asimismo, el proyecto de ley que ahora se envía al Parlamento contempla la creación de una Oficina de Conflicto de Intereses para vigilar a los altos cargos de la administración y un sistema de alerta temprana ante posibles conflictos de intereses.