Andalucía Acoge anima a grupos parlamentarios a mantenerse "firmes" con los derechos humanos derogando la 'ley mordaza'

Según un comunicado, para Andalucía Acoge "uno de los temas más delicados y controvertidos de esta 'ley mordaza' sobre el que entendemos que hay que poner el acento es el de las llamadas devoluciones en caliente".

Así, la organización apunta que en su disposición final primera, la 'ley mordaza' reforma la Ley de Extranjería "enmascarando la práctica de las denominadas 'devoluciones en caliente' en la vallas fronterizas de Ceuta y Melilla", una práctica que recuerda consiste "en devolver a las personas inmigrantes al otro lado de la valla sin ser identificadas, ni con posibilidad de asistencia letrada o de solicitar protección internacional, pese a pisar suelo español".

"Esta ley de Seguridad Ciudadana supone una flagrante vulneración a lo dispuesto por la Constitución española y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, opinión sostenida por el Comisario Europeo de Derechos Humanos y el Consejo General de la Abogacía Española", afirma Andalucía Acoge, que recuerda que también ha sido aprobada en esta moción el punto que insta a que solo ingresen en los CIEs aquellos migrantes que presentan "supuestos imprescindibles" y a garantizar los derechos de los internos.

"Desde Andalucía Acoge entendemos este punto prioritario pues los CIEs criminalizan a la persona migrante que únicamente comete una falta administrativa", manifiestan.

Asimismo, solicitan el cierre de los CIEs "por las condiciones en las que se encuentran estos centros y por la precariedad en los servicios que deberían prestar a las personas que se encuentran internas". Estos centros "no son necesarios y hay alternativas suficientes como para recurrir a ellos. Visibilizar la situación de estas personas migrantes en los centros de internamiento de extranjeros y exigir su cierre es una reivindicación de Andalucía Acoge a la que se suman otras organizaciones sociales que trabajan los derechos humanos y la inmigración".

En última instancia, "consideramos que los CIES deberían ser cerrados todos por definición porque es evidente que dentro de estos centros hay vulneración de los derechos básicos de las personas internas, además de privar de libertad de movimiento a personas que no han cometido ningún delito", concluye.